Ecologistas en Acción ha expresado públicamente su apoyo a la brigada de la Guardia Civil María Serrano, juzgada en el Tribunal Militar de Madrid por un presunto delito de denuncia falsa tras haber alertado sobre posibles casos de corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla.
La Fiscalía Jurídico Militar retiró su denuncia puesto que no ve indicios de delito. La única acusación que queda es la de un particular, General de División.
El procedimiento judicial concluyó el martes 16 y la sentencia está prevista antes del próximo día 24. La acusación solicita cerca de un año de prisión militar y una responsabilidad civil de 20.000 euros. La organización ecologista reclama que en este caso se aplique el espíritu y la finalidad de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, así como de la directiva europea que le da origen.
La militar, entrevistada por Ecologistas en Acción hace aproximadamente año y medio, se ha sentado en el banquillo acusada de denuncia falsa y se enfrenta a una posible pena de cárcel por haber denunciado, hace una década, presuntas irregularidades internas en el Seprona de Sevilla. Desde entonces, según denuncian, ha sufrido un prolongado proceso de represalias y desgaste personal y profesional que ella misma ha calificado como un «calvario».
La denuncia inicial por presunta corrupción interna fue archivada en su momento por prescripción de los delitos. Sin embargo, posteriormente se abrió contra ella una causa por denuncia falsa, impulsada por quien entonces era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y hoy general, causa que ha sido finalmente juzgada en la jurisdicción militar.
Este caso guarda paralelismos con el de Ana María Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y denunciante clave del caso Gürtel, cuya actuación fue determinante para destapar una de las mayores tramas de corrupción en el Estado español. Garrido, hoy reconocida activista en la lucha contra la corrupción y referente en el desarrollo de la normativa de protección a denunciantes, también sufrió graves represalias personales y profesionales, hasta el punto de verse obligada a abandonar el país. Garrido ha mostrado su respaldo a María Serrano y ha señalado su caso como un ejemplo del deficiente desarrollo práctico de la ley de protección a las personas informantes, subrayando que este procedimiento podría servir para corregir esa deriva y reforzar la lucha contra la corrupción.
Ecologistas en Acción insiste en que cumplir con el deber de informar sobre posibles irregularidades no puede convertirse en motivo de castigo ni de persecución. En este sentido, recuerda que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva años denunciando la «abusiva y arbitraria aplicación» del Código Penal Militar contra quienes se atreven a denunciar prácticas corruptas dentro del cuerpo.
La organización ecologista subraya, además, que María Serrano está siendo juzgada por la jurisdicción militar por un presunto delito de carácter civil. Recuerda que uno de los compromisos aún pendientes de los Pactos de la Moncloa es que la justicia militar se limite estrictamente a delitos militares y no se aplique a conductas de naturaleza civil, una exigencia que consideran especialmente relevante en el caso de la Guardia Civil.