Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja que el pacto PP-VOX pretende boicotear.
Alerta del retroceso social y ambiental en Sevilla tras el pacto PP–Vox.
Ecologistas en Acción ha mostrado su «estupor» ante el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla, que incluye la flexibilización de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular y la prioridad en «combatir la proliferación de manteros».
La organización ecologista considera que esta decisión supone un incumplimiento de la propia Ordenanza municipal de ZBE y alerta de que, además de suponer una burla a la Ley, aumentaría la contaminación atmosférica que ya sufre la ciudad. Se trata de una medida ilegal, similar a la adoptada en otros ayuntamientos de derecha.
La entidad ha anunciado que permanecerá vigilante para garantizar que se cumple la única ZBE planteada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción advierte de que, de materializarse la flexibilización anunciada, se estaría vulnerando el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, así como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
Las Zonas de Bajas Emisiones están concebidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana y forman parte de las obligaciones recogidas en la normativa estatal sobre cambio climático. Ecologistas en Acción recuerda que el objetivo último de estas zonas es mejorar la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y seguro, que priorice el transporte público y la movilidad activa a pie o en bicicleta.
El Real Decreto establece, además, que las ZBE deben evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales. La organización ecologista considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación.
Según el último informe estatal de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire, basado en datos oficiales de siete estaciones de control en Sevilla, la contaminación procedente del tráfico rodado ha aumentado en la ciudad y se registran superaciones de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa vigente.
En este sentido, Ecologistas en Acción subraya que la calidad del aire en Sevilla está estrechamente vinculada a enfermedades respiratorias. La contaminación derivada del tráfico —incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y compuestos orgánicos volátiles— penetra profundamente en los pulmones, irrita las vías respiratorias y provoca inflamación, favoreciendo patologías como el asma, la bronquitis crónica o la EPOC. La organización recuerda que la exposición continuada a estos contaminantes incrementa también el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en áreas urbanas con altos niveles de polución. Recordar que se producen alrededor de unas 600 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica en Sevilla(1). Debilitar la ZBE de la Cartuja, advierte la entidad, supone reducir una herramienta clave para proteger la salud pública y la calidad de vida de la población sevillana.
La entidad denuncia también la ausencia de indicadores claros para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ZBE de la Cartuja, así como la inexistencia de una estación de control de la calidad del aire en la zona, lo que a su juicio impide un seguimiento adecuado.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Transportes la retirada de la subvención de fondos Next Generation, que supera los tres millones de euros y fue solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la ZBE. La organización considera que existe un incumplimiento manifiesto de la normativa reguladora, ya que la medida municipal no contemplaría restricciones de acceso ni sanciones para los vehículos más contaminantes, siguiendo —según afirma— las condiciones exigidas por Vox al PP para la aprobación de las cuentas municipales.
Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el contenido social del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que pasa —según denuncia la organización— de impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Ecologistas en Acción, esta medida supone criminalizar y desproteger a quienes ya sufren una situación de mayor vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y vulnerando el principio de solidaridad que debería guiar las políticas públicas.
La organización recuerda que muchos colectivos sociales que trabajan en apoyo a personas migrantes insisten en que la llamada «proliferación de manteros» no puede abordarse desde la persecución policial ni la criminalización, sino afrontando las causas que llevan a muchas personas a sobrevivir con la venta ambulante, como la falta de alternativas laborales, la irregularidad administrativa o la exclusión social. A su juicio, la respuesta justa y eficaz pasa por garantizar derechos, facilitar vías de regularización y ofrecer oportunidades de empleo digno, y no por señalar a quienes ya viven en una situación límite.
Por último, Ecologistas en Acción concluye que el pacto PP–Vox «supone un doble retroceso»: por un lado, en materia de derechos y cohesión social, al dificultar la vida de las personas migrantes más vulnerables; y por otro, en la protección ambiental y de la salud pública, al rebajar las herramientas destinadas a reducir la contaminación. La organización demanda políticas basadas en la solidaridad, la justicia social y la protección ambiental, en lugar de medidas que —a su juicio— castigan a quienes menos tienen y relajan la defensa del bien común.
1. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).