Ecologistas en Acción de la provincia de Sevilla ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una actuación firme y recursos suficientes para hacer frente al grave problema ambiental y de seguridad que representa el tráfico ilegal de combustible para narcolanchas, conocido como «petaqueo», en el estuario del Guadalquivir. [Fotos]
La organización ecologista denuncia que esta práctica, que se extiende desde la desembocadura del río hasta las inmediaciones del Estadio de La Cartuja, supone un riesgo ambiental extremo. Cada día, cientos de bidones de gasolina —tanto llenos como vacíos— son arrojados al agua por quienes se dedican al suministro ilegal de combustible, ya sea durante sus operaciones o en maniobras de huida al ser detectados por las autoridades. Esta actividad deja como resultado miles de litros de hidrocarburos abandonados en el entorno fluvial, con un impacto directo sobre los ecosistemas y la calidad del agua.
Ecologistas en Acción se suma así a las voces de la Fiscalía antidroga de Sevilla, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otros actores sociales que alertan del crecimiento de estas redes organizadas de delincuencia. En este sentido, la organización exige al Ministerio del Interior que refuerce la vigilancia, que dote de mayores medios humanos y materiales a los equipos encargados del control en el río, y que se impulse la creación de un Servicio Marítimo especializado en el Guadalquivir.
Asimismo, la entidad ecologista respalda la propuesta de considerar el petaqueo como delito ambiental, dada su peligrosidad, y recuerda que tanto la Fiscalía General del Estado como la Audiencia Provincial de Cádiz ya han apuntado la necesidad de un marco legal más claro y severo para perseguir esta actividad delictiva. La reciente decisión judicial de calificar el petaqueo como delito de tenencia de sustancias inflamables marca un avance que debe consolidarse y extenderse.
Por último, Ecologistas en Acción insta a que se establezcan programas específicos para la recogida, reciclaje y recuperación de los bidones incautados, así como criterios claros de actuación frente a este tipo de contaminación.
El colectivo hace un llamamiento a las instituciones y a la ciudadanía para que se tomen en serio las consecuencias del petaqueo, no sólo como un problema de seguridad, sino como una amenaza directa al medio ambiente, que afecta a todas las personas que viven en las riberas del Guadalquivir y a los ecosistemas que dependen de su salud.