La sentencia obliga a recuperar la franja de 200 metros de espacios libres junto al río Guadaíra y deja sin fundamento la planificación urbanística impulsada por la Diputación de Sevilla para construir 6.000 viviendas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2026, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Modificación Puntual número 1 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. El fallo anula esta modificación y recupera la protección urbanística de una franja de 200 metros de espacios libres junto al dominio público marítimo-terrestre.
La modificación anulada había reducido de 200 a 100 metros la franja de protección establecida por el POTAUS original en determinados suelos no urbanizables o urbanizables sin instrumento de desarrollo aprobado. Este cambio permitía incorporar a futuros desarrollos urbanísticos aproximadamente 21 hectáreas de terrenos del Cortijo del Cuarto que hasta entonces estaban protegidos como espacios libres. De hecho, los planteamientos urbanísticos presentados por la Diputación de Sevilla para este ámbito contemplaban la construcción de viviendas en parte de estos terrenos.
Una modificación urbanística sin justificación suficiente
Entre los fundamentos de la sentencia, el TSJA considera que la modificación del POTAUS carecía de una justificación suficiente, especialmente teniendo en cuenta que suponía eliminar una franja de 100 metros de espacios libres ribereños y reducir con ello la protección de los valores ambientales del territorio.
El tribunal establece que la Administración autonómica debía acreditar de manera rigurosa las razones de interés público que justificaban esta reducción de la protección ambiental. En palabras de la sentencia, «incumbe al planificador autonómico explicar y acreditar plenamente qué motivos engarzados con el interés público justifican la decisión que adopta, justificación que ha de ser especialmente rigurosa y exigente por lo que implica de sacrificio de los valores ambientales -por mor de exclusión de la franja de 200 metros de espacios libres ribereños- para facilitar la urbanización de los sectores referenciados».
Asimismo, el fallo recuerda que el planeamiento urbanístico municipal debe adaptarse a las determinaciones del POTAUS, por tratarse de un instrumento de ordenación territorial de rango superior, y no al contrario, como pretendía la modificación promovida por la Consejería de Fomento.
En cuestión el proyecto de 6.000 viviendas en el Cortijo del Cuarto
La modificación anulada afectaba a terrenos de Coria del Río, La Algaba y, especialmente, a los dos sectores urbanísticos del Cortijo del Cuarto en Sevilla, identificados como SUS-DBP-03 y SUS-DBP-04. Sobre estos últimos, la Diputación de Sevilla había iniciado los trámites para impulsar un desarrollo urbanístico que contemplaba la construcción de unas 6.000 viviendas.
Ecologistas en Acción, junto con colectivos vecinales y ecologistas de Bellavista y otros barrios del entorno, ha venido denunciando las consecuencias ambientales y territoriales de esta operación urbanística, que supondría la transformación de un espacio de importantes valores naturales y paisajísticos.
Frente a este modelo de desarrollo, las entidades sociales han defendido que el Cortijo del Cuarto se convierta en el gran pulmón verde del sur de Sevilla, mediante su conservación y recuperación como espacio natural de uso público, con capacidad para proteger la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental de la ciudad y su área metropolitana. Para ello han presentado alegaciones y propuestas que, hasta el momento, no han sido atendidas por la Diputación ni por el Ayuntamiento de Sevilla.
La sentencia obliga a replantear toda la planificación urbanística
La planificación y tramitación impulsadas hasta ahora por la Diputación de Sevilla se habían apoyado en la modificación del POTAUS, considerando únicamente una franja de 100 metros junto al río Guadaíra como espacios libres. La anulación judicial obliga a recuperar la delimitación original de 200 metros, lo que afecta directamente a los criterios sobre los que se había elaborado la propuesta urbanística.
En consecuencia, la Diputación deberá revisar la planificación desarrollada hasta ahora y adecuarla a las determinaciones del POTAUS vigente, replanteando el modelo de ordenación de los sectores afectados.
Para Ecologistas en Acción, esta sentencia representa una oportunidad para abandonar definitivamente la operación urbanística prevista en el Cortijo del Cuarto y abrir un nuevo escenario basado en la protección integral de sus valores naturales.
La organización ecologista considera que la recuperación de la franja de 200 metros junto al Guadaíra debe ser también el punto de partida para extender la protección al conjunto de los terrenos del Cortijo del Cuarto, evitando su fragmentación y transformación urbanística.
El objetivo debe ser conservar y recuperar este espacio como una gran zona verde de elevada biodiversidad, capaz de actuar como infraestructura ecológica y pulmón natural para el sur de Sevilla y su área metropolitana.
Enlace Fotografía: En rojo, la franja de terrenos que la modificación anulada del POTAUS permitía incorporar al desarrollo urbanístico y que, tras la sentencia, recupera su protección como espacio libre.
El proyecto de reapertura del recinto minero de Aznalcóllar contempla la construcción de una tubería de 30 kilómetros para conducir hasta el estuario del Guadalquivir —frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla—un vertido tóxico de más de 85.500 millones de litros de agua contaminada a lo largo de 18 años. Cifra que equivale al consumo total de agua de la ciudad de Sevilla durante todo un año. A esta amenaza se suma el proyecto minero subterráneo de Cobre Las Cruces que prevé verter en La Algaba otros 32.000 millones de litros de agua contaminada, durante 14 años. La suma de ambos vertidos superaría los 115.000 millones de litros de vertidos de aguas industriales con contenido en metales pesados de alta toxicidad, tales como arsénico, plomo, cadmio, níquel, zinc, selenio y mercurio.