Los técnicos de la Junta obligan a revisar la evaluación ambiental de la urbanización de Santa Bárbara sobre las Lagunas de “El Sapo”

La Plataforma SAVE! celebra que la Junta de Andalucía ordene retrotraer el procedimiento ambiental al trámite de información pública y reclama garantías para proteger los humedales y conservar los servicios ambientales que ofrecen las zonas inundables de Sevilla Este. “Urbanizar sobre zonas inundables tiene riesgos” advierten.

La Plataforma Salvemos el Anillo Verde y Azul del Este (SAVE!) valora positivamente la resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla que obliga a retrotraer al trámite de información pública a la evaluación ambiental de la primera fase de la urbanización de Santa Bárbara (SUO-DE-01), que afecta directamente a las Lagunas de “El Sapo”.

La resolución llega después de que, el pasado mes de julio, siete asociaciones vecinales, colectivos y organizaciones de utilidad pública se personaron en el trámite de audiencia contra la resolución ambiental provisional del proyecto. Estas entidades advertían de importantes carencias en la evaluación ambiental, la ausencia de un estudio de inundabilidad adecuado para la urbanización y la insuficiente evaluación de los impactos sobre los hábitats y las especies protegidas presentes en la zona.

Para SAVE!, la decisión de la Junta supone un reconocimiento de la necesidad de garantizar el derecho a la participación pública y el acceso a la información que, hasta el momento, no se ha materializado. La incorporación de nueva documentación por parte de la promotora inmobiliaria Ágora obliga a volver a abrir el procedimiento de información pública, un trámite que, según la Plataforma SAVE!, se ha estado evitando. Según el artículo 38 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, cuando las modificaciones introducidas pueden ocasionar efectos ambientales significativos distintos de los inicialmente previstos es necesaria la publicación de dichas modificaciones y disponer del preceptivo trámite de información pública.

La Plataforma reclama que esta nueva fase permita conocer íntegramente los estudios y documentos que sustentan el proyecto, así como examinar sus consecuencias reales sobre el territorio. La apertura de este trámite no supone, sin embargo, que el proyecto haya sido definitivamente descartado, ni que sus impactos estén resueltos.

Tres mil viviendas sobre el humedal de El Sapo

El desarrollo urbanístico de Santa Bárbara contempla la transformación de terrenos agrícolas para construir miles de viviendas y nuevas infraestructuras viarias en Sevilla Este. Parte de esta actuación se proyecta sobre antiguos cauces fluviales, zonas inundables y el entorno de las Lagunas de El Sapo, un espacio de interés ecológico que alberga hábitats de reproducción de anfibios protegidos y endemismos acuáticos de gran valor.

El Servicio de Gestión del Medio Natural había requerido un estudio de impacto ambiental que abarcara no solo la superficie directamente afectada por la urbanización, sino también su entorno próximo, hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano, con un diámetro mínimo de dos kilómetros. Según denuncia SAVE!, los estudios presentados por la promotora no reflejan adecuadamente el valor ambiental, ni las conexiones ecológicas e hidrológicas con su entorno.

El Servicio de Gestión del Medio Natural exigió un inventario ambiental exhaustivo, algo que, hasta el momento, no se ha hecho. Este Servicio considera imprescindible una evaluación basada en un inventario riguroso de la biodiversidad, realizado por personal solvente con experiencia, y un seguimiento suficiente para conocer los ciclos biológicos de las especies presentes. Sin esta información, advierte la plataforma, resulta imposible valorar correctamente las afecciones y determinar si las medidas preventivas y correctoras propuestas son realmente eficaces.

Entre las especies afectadas destaca Triops baeticus, un crustáceo acuático endémico de la península ibérica vinculado a hábitats temporales de agua dulce. La conservación de estos ecosistemas resulta fundamental para mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos que dependen de las lagunas estacionales.

Urbanizar sobre zonas inundables aumenta los riesgos

SAVE! insiste en que la evaluación ambiental debe abordar de manera rigurosa la presencia de los dos arroyos, sus zonas de servidumbre y dominio público hidráulico, así como las áreas inundables asociadas. La Plataforma reclama un estudio de inundabilidad que permita determinar los riesgos de la actuación, en consonancia con la normativa de aguas y los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La impermeabilización del suelo, los movimientos de tierras y la alteración de los cauces pueden reducir la capacidad natural del territorio para retener y laminar el agua de lluvia, agravando los efectos de episodios de precipitaciones intensas. En una zona donde se han registrado inundaciones en los últimos años, SAVE! considera que estos riesgos deben evaluarse antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre la urbanización.

La Plataforma recuerda que elevar las cotas del terreno no sustituye a un análisis integral de la dinámica del agua, ni garantiza la seguridad de las viviendas, calles y actividades situadas en el entorno. Por ello, reclama que se tengan en cuenta tanto los efectos directos de la urbanización como los impactos acumulativos derivados de la transformación del conjunto de Sevilla Este.

Los accesos viarios también amenazan a los espacios verdes

El proyecto contempla dos carreteras de acceso cuya incidencia ambiental preocupa especialmente a la Plataforma. Uno de los trazados atraviesa el parque urbano de Torreblanca, mientras que el otro prevé una rotonda de acceso sobre la laguna de El Sapo.

SAVE! advierte: “estas infraestructuras van a fragmentar los espacios verdes, alterar los hábitats y afectar a las zonas donde se reproducen especies protegidas”. También cuestiona que las medidas compensatorias previstas, centradas en actuaciones como la plantación de árboles, puedan contrarrestar la pérdida de hábitats pues, según los científicos, los movimientos de tierras provocará la transformación física del terreno afectando a las comunidades biológicas asociadas al suelo.

La Plataforma defiende que la conservación de las Lagunas del Sapo no puede abordarse como una cuestión aislada, sino como parte de una red de espacios naturales, cauces y zonas verdes que contribuyen a la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la reducción de los riesgos de inundación en la ciudad. La fragmentación de los mismos impediría la continuidad del Anillo Verde y Azul por el Este.

SAVE! reclama una evaluación ambiental completa y transparente

La Plataforma Salvemos el Anillo Verde y Azul del Este considera que la resolución de la Junta abre una oportunidad para corregir las deficiencias denunciadas y garantizar que la decisión sobre Santa Bárbara se adopte con toda la información ambiental necesaria y con participación efectiva de las entidades y personas interesadas.

Por ello, reclama que la nueva información pública incluya la documentación ambiental completa; que se evalúen adecuadamente los riesgos de inundación, los cauces y las zonas de dominio público hidráulico; que se estudien los impactos sobre la biodiversidad durante todo su ciclo biológico; y que se analicen las consecuencias conjuntas de la urbanización y sus infraestructuras viarias sobre el resto del barrio y el Anillo Verde y Azul Metropolitano.

SAVE! sostiene que la planificación urbanística debe priorizar la salud ambiental, la protección de los humedales y la presencia de suelos permeables frente a actuaciones que puedan comprometer estos valores y aumentar la vulnerabilidad de la población ante fenómenos climáticos extremos, como inundaciones.

La Plataforma continuará defendiendo las Lagunas del Sapo y el Anillo Verde y Azul del Este para que la conservación del patrimonio natural forme parte de una planificación urbana compatible con la seguridad, la salud y el interés general.

Ecologistas en Acción denuncia en el MMH 2026 los impactos socioambientales de la minería y reclama que el futuro del Guadalquivir no se sacrifique en favor del negocio minero

La organización ecologista cuestiona un modelo extractivo que presenta la minería como estratégica para la transición energética mientras amenaza el agua, la biodiversidad, la salud pública y las actividades económicas que dependen del estuario del Guadalquivir.

Tras la movilización del 17 de octubre en Sevilla, que reunió a miles de personas y contó con el respaldo de organizaciones sociales, agrarias, pesqueras, de defensa de la salud pública y de ocho ayuntamientos, Ecologistas en Acción exige la paralización cautelar de los proyectos de vertidos de Minera Los Frailes desde Aznalcóllar y Cobre Las Cruces desde Gerena, y una evaluación científica independiente de sus impactos.

Coincidiendo con la celebración del VI Mining and Minerals Hall (MMH 2026), que ha reunido en Sevilla a empresas mineras, instituciones y representantes del sector bajo el lema «La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa», Ecologistas en Acción denuncia que el discurso sobre la modernización y la sostenibilidad de la minería no puede ocultar los impactos ambientales y sociales asociados a todos los proyectos extractivos.

La organización ecologista considera que la expansión minera no puede justificarse exclusivamente por la demanda de materias primas para la transición energética y digital. La extracción de minerales debe someterse a límites ambientales estrictos, garantizar la protección de los recursos hídricos y la salud de la población, y demostrar que sus beneficios sociales no se construyen a costa de los territorios afectados.

La reciente movilización celebrada en Sevilla contra los vertidos mineros al Guadalquivir ha puesto de manifiesto la creciente preocupación social e institucional por los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y Gerena. La participación de miles de personas y la confluencia de colectivos ecologistas, organizaciones agrarias y pesqueras, asociaciones de personas consumidoras, entidades de defensa de la sanidad pública y ayuntamientos ribereños evidencian que el futuro de la minería no es una cuestión exclusivamente empresarial: afecta al conjunto de la sociedad.

El Guadalquivir no puede convertirse en una cloaca minera

Ecologistas en Acción advierte de que los proyectos de reapertura de la mina de Aznalcóllar, promovido por Minera Los Frailes, y de minería subterránea de Cobre Las Cruces contemplan nuevos vertidos de aguas industriales con metales pesados al sistema del Guadalquivir.

En el caso de Aznalcóllar, se proyecta conducir mediante una tubería de unos 30 kilómetros más de 85.500 millones de litros de aguas contaminadas hasta el estuario, en un periodo de 18 años. Por su parte, el proyecto de Cobre Las Cruces prevé verter en La Algaba otros 32.000 millones de litros durante 14 años. En conjunto, los volúmenes proyectados superan los 115.000 millones de litros.

Las aguas de estos vertidos pueden contener sustancias peligrosas como arsénico, cadmio, plomo, níquel, zinc, selenio y mercurio. La organización advierte de que la evaluación de estos proyectos debe considerar no solo las concentraciones de contaminantes en el momento de la descarga, sino también su acumulación en los sedimentos, sus efectos sobre los ecosistemas y su incorporación a las cadenas alimentarias.

El estuario del Guadalquivir constituye un sistema ecológico de gran valor, conectado con espacios protegidos de la Red Natura 2000 y con el entorno de Doñana. Su deterioro puede comprometer la biodiversidad, los recursos pesqueros y marisqueros, los cultivos del Bajo Guadalquivir y la seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen de estos recursos.

La organización recuerda, además, que la preocupación no se limita a riesgos futuros. Los estudios científicos sobre los vertidos históricos de Cobre Las Cruces han identificado presencia y acumulación de metales en organismos del estuario, incluidos peces y otros recursos de consumo tradicional. Estos resultados hacen imprescindible investigar los efectos ambientales y sanitarios existentes antes de autorizar nuevas cargas contaminantes.

La pesca, la agricultura y la salud pública también están en juego

La protesta contra los vertidos mineros ha reunido a sectores que habitualmente afrontan problemas diferentes, pero que comparten una misma preocupación: la protección de un río del que dependen actividades económicas, empleos, alimentos y formas de vida vinculadas al territorio.

Las cofradías de pescadores y las organizaciones agrarias alertan de las consecuencias que la contaminación puede tener para la pesca, el marisqueo y la agricultura del Bajo Guadalquivir. La presencia de metales pesados en los sedimentos y en los organismos acuáticos puede afectar a la calidad de los productos, a la confianza de las personas consumidoras y a la viabilidad económica de sectores que dependen directamente del buen estado ambiental del estuario.

A estas preocupaciones se suma la defensa de la salud pública. Ecologistas en Acción considera que las decisiones sobre los vertidos no pueden limitarse al cumplimiento formal de determinados valores de concentración, sino que deben atender al comportamiento de los contaminantes en el medio, a sus efectos acumulativos y a la exposición de las poblaciones humanas y de los ecosistemas.

La movilización del 17 de octubre, respaldada por ayuntamientos de la ribera y la desembocadura, ha trasladado un mensaje claro: las poblaciones afectadas deben participar en las decisiones que condicionan su futuro ambiental, sanitario y económico. No resulta aceptable que los posibles beneficios de la actividad minera se concentren en las empresas mientras los riesgos recaen sobre la ciudadanía, la pesca, la agricultura y los ecosistemas.

Una transición energética que no puede reproducir los mismos impactos

El MMH presenta la minería como una actividad estratégica para garantizar el abastecimiento europeo de materias primas y avanzar en la transición energética. Ecologistas en Acción considera necesario cuestionar una visión que identifica el crecimiento de la extracción con el progreso, sin abordar suficientemente la reducción del consumo material, la reutilización, el reciclaje y los límites ecológicos.

La transición energética no puede convertirse en una justificación para multiplicar los proyectos extractivos, intensificar la presión sobre los recursos hídricos o trasladar la contaminación a territorios con menor capacidad de decisión. La descarbonización debe ir acompañada de una transformación del modelo de producción y consumo, con políticas que reduzcan la demanda de materiales, prolonguen la vida útil de los productos y prioricen la recuperación de materias primas ya disponibles.

La organización ecologista rechaza que el calificativo de estratégico se utilice para rebajar las exigencias de protección ambiental o presentar como inevitables proyectos cuyos efectos no se hayan evaluado de forma rigurosa. La innovación tecnológica y las promesas de sostenibilidad no sustituyen la obligación de prevenir la contaminación, respetar los objetivos ambientales de las masas de agua y garantizar la participación pública.

Asimismo, Ecologistas en Acción reclama que se analicen de forma transparente los costes ambientales y sociales de la actividad minera, incluidos los impactos acumulativos de varias explotaciones sobre una misma cuenca, el consumo de agua, los residuos generados, la restauración de los espacios afectados y las responsabilidades económicas ante posibles daños.

Exigencias ante la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Ante la celebración del MMH 2026 y la situación de amenaza sobre el estuario, Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adopten medidas urgentes para proteger el río y a las poblaciones que dependen de él.

La organización exige:

  • La paralización cautelar de los vertidos proyectados vinculados a los proyectos de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces, así como la revisión de las autorizaciones y concesiones relacionadas, mientras no se garantice una evaluación rigurosa de sus efectos sobre el medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria.
  • Una moratoria de nuevas autorizaciones mineras y de vertido que puedan agravar el deterioro de la cuenca y del estuario, aplicando el principio de precaución ante riesgos graves o insuficientemente evaluados.
  • La creación de una comisión científica independiente, con participación de personas expertas de distintas disciplinas y garantías de transparencia, que investigue los efectos de los vertidos históricos, evalúe los proyectos futuros y determine sus impactos acumulativos sobre el agua, los sedimentos, la biodiversidad, la pesca, la agricultura y la salud.
  • La publicación íntegra de los estudios e informes ambientales e hidrogeológicos que fundamentan las autorizaciones, así como de los datos de seguimiento de los vertidos y de la calidad de las aguas y los sedimentos, garantizando el acceso público a la información.
  • La participación efectiva de los municipios y sectores afectados en la toma de decisiones, con especial atención a las cofradías de pescadores, las organizaciones agrarias, las asociaciones de personas consumidoras y las entidades de defensa de la salud pública.
  • El cumplimiento de los objetivos ambientales de la normativa europea, incluida la protección de las masas de agua, los espacios de la Red Natura 2000 y los valores ecológicos del entorno de Doñana, sin excepciones que conviertan la degradación ambiental en el precio asumible del negocio minero.

Ecologistas en Acción advierte de que continuará trabajando junto a las organizaciones sociales y las administraciones locales que defienden el Guadalquivir, mediante la movilización ciudadana, la investigación, la vigilancia ambiental y las vías administrativas y judiciales necesarias.

La organización concluye que el debate sobre el futuro de la minería no puede desarrollarse únicamente en los recintos feriales ni quedar en manos de las empresas y las administraciones promotoras. Debe incorporar la voz de quienes viven en los territorios afectados y garantizar que ninguna actividad económica se imponga sobre el derecho colectivo al agua limpia, a un medio ambiente saludable y a una economía compatible con la conservación de los ecosistemas.

El futuro del Guadalquivir, de Doñana y de las comunidades que viven de sus aguas no puede sacrificarse en nombre de una transición energética que debe ser, ante todo, justa y ecológica.

Mesa redonda: «Especulación urbanística y resistencias ecotópicas en Sevilla»

Jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, en la acampada de Las Setas de Sevilla.

Ecologistas en Acción participa en la mesa redonda «Especulación urbanística y resistencias ecotópicas en Sevilla», un encuentro para compartir experiencias de defensa del territorio, recuperación de espacios verdes y construcción de alternativas ecológicas frente a la especulación urbanística.

La mesa contará con la participación de representantes de distintas iniciativas ciudadanas que trabajan por una Sevilla más habitable, verde y respetuosa con su entorno:

  • Huerto del Rey Moro, con Elena Mora.
  • Asociación Casa del Pumarejo, con Nora Casalanga.
  • Bosque comestible de Isla de Tercia, con Salvador Díaz.
  • Ecologistas en Acción, con Alejandro Cuetos.
  • Plataforma SAVE, con Jesús Díaz-Rodríguez.
  • Espacio Verde Cortijo Cuarto, con María Reyes Velázquez Castillo ( Presidenta de EVCC) y David Rodríguez García (Vocal y ex- presidente).

La presentación y moderación correrá a cargo de Sara Acuña, de Ecologistas en Acción.

El encuentro permitirá poner en común experiencias de organización ciudadana y defensa de espacios naturales y comunitarios, así como reflexionar sobre la necesidad de frenar la especulación urbanística y promover modelos de ciudad que prioricen la vida, la naturaleza y el bien común.

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.
Hora: 19:00 h.
Lugar: acampada de Las Setas, plaza de la Encarnación, Sevilla.

¡Os esperamos!

#Sevilla #EcologistasEnAcción #DefensaDelTerritorio #EspeculaciónUrbanística #EspaciosVerdes

Sevilla registra más de 7.200 puntos negros en su arbolado urbano, Ecologistas en Acción denuncia el deterioro del patrimonio verde

Más de 120 personas han participado en el Ecomapa 2026 en distintas barriadas de Sevilla, donde se han identificado 1.992 alcorques vacíos o cegados y más de 4.000 alcorques asfixiantes.

La organización ecologista trasladará los resultados al Ayuntamiento y reclamará planes de plantación, reposición del arbolado perdido y una gestión basada en criterios científicos y de adaptación al cambio climático.

La iniciativa ciudadana «¡Aquí falta un árbol! – Ecomapa 2026» ha permitido identificar en Sevilla capital miles de deficiencias en el arbolado urbano. Más de 120 personas han participado en el mapeo realizado los días 3 y 4 de octubre en distintas barriadas de la ciudad, registrando un total de 7.284 alcorques con deficiencias.

Los resultados locales se enmarcan en una movilización estatal que ha registrado más de 148.000 puntos negros del arbolado urbano en 315 municipios. Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla considera que los datos obtenidos evidencian la necesidad urgente de mejorar la protección, conservación y recuperación del patrimonio verde de la capital andaluza, especialmente vulnerable ante el aumento de las temperaturas y las olas de calor.

En Sevilla se han identificado 1.992 alcorques vacíos o cegados, 1.187 con tocones de árboles talados o ejemplares secos y 4.105 alcorques asfixiantes, en los que el pavimento, el sellado del suelo o la insuficiencia del espacio disponible dificultan el desarrollo adecuado de los árboles.

La organización ecologista denuncia que estas deficiencias se suman a las continuas talas, las podas inadecuadas y actuaciones que reducen la capacidad de la ciudad para hacer frente a la emergencia climática. Por ello, trasladará próximamente los resultados al Gobierno municipal y elaborará propuestas específicas para reclamar actuaciones concretas.

Más árboles y sombra para afrontar las olas de calor

El mapeo ciudadano tenía como objetivo evaluar uno de los principales indicadores de la calidad ambiental de las ciudades: el estado de su arbolado urbano. Los árboles constituyen una infraestructura esencial para la adaptación al cambio climático, ya que proporcionan sombra, reducen la temperatura ambiental, mejoran la calidad del aire, disminuyen la contaminación acústica, favorecen la infiltración del agua de lluvia y aportan beneficios para la salud física y mental.

La necesidad de aumentar la sombra natural en Sevilla resulta especialmente evidente ante las altas temperaturas y el efecto isla de calor. Entre las medidas fundamentales para mejorar la habitabilidad de la ciudad se encuentran el incremento de la cobertura arbórea, la recuperación de suelos permeables y el fomento de la biodiversidad urbana.

«Ya no se trata solamente de hacer más habitables nuestras ciudades y pueblos o de preservar ecosistemas sanos. La ciudadanía también está demandando estos cambios, como demuestra la participación de más de 120 personas en el mapeo realizado en distintas barriadas de Sevilla», señala Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla.

La organización destaca la importancia de la implicación vecinal para identificar los problemas ambientales cotidianos y reclamar soluciones. La iniciativa demuestra que existe una ciudadanía preocupada por la renaturalización de sus barrios, con conocimientos y sensibilidad sobre la naturaleza y la biodiversidad que deberían tenerse en cuenta en las decisiones municipales.

«Solo 2.145 personas han marcado más de 148.000 puntos negros en dos días. Gracias a cada una de ellas ha sido posible visibilizar la situación del arbolado urbano y aportar información concreta para exigir cambios», subraya la organización.

El Ecomapa evidencia las deficiencias del arbolado urbano en Sevilla

En el conjunto del Estado se han registrado 44.882 alcorques vacíos o cegados, tapados con cemento, solería u otros pavimentos; 27.116 alcorques con tocones o árboles secos; y 76.164 alcorques asfixiantes.

Esta última categoría incluye aquellos casos en los que el suelo alrededor del árbol está sellado con hormigón o resinas, así como los alcorques tan pequeños o deficientes que el tronco llega a ocupar prácticamente todo el espacio disponible.

En Sevilla, las cifras muestran una situación preocupante: más de la mitad de los alcorques con deficiencias identificados corresponden a alcorques asfixiantes. Para Ecologistas en Acción, estos resultados deben servir para revisar la gestión municipal del arbolado y establecer prioridades de actuación por barrios.

La organización reclama un plan efectivo que contemple la plantación de árboles en los alcorques vacíos, la recuperación de los que han sido cegados cuando resulte viable, la adecuación de los alcorques asfixiantes y el seguimiento de los ejemplares secos. También considera imprescindible garantizar la reposición del arbolado perdido y mejorar las condiciones de crecimiento de los árboles existentes.

Los resultados detallados por municipios pueden consultarse en www.ecomapa.org.

Talas, podas agresivas y alcorques sellados: ejemplos del deterioro del patrimonio verde

Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla ya venía advirtiendo de que, en los últimos años, se han sucedido talas de árboles maduros y de gran porte, podas agresivas ejecutadas fuera de las épocas recomendadas y actuaciones que reducen la capacidad de la ciudad para afrontar las cada vez más frecuentes olas de calor.

Entre los casos más significativos, la organización recuerda la eliminación de alrededor de 600 árboles durante las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro, entre Pino Montano y la Macarena. Estas actuaciones afectaron a distintas especies, entre ellas aligustres, falsas acacias, árboles de las orquídeas, braquiquitos, catalpas, ombúes y bellasombras.

Asimismo, la organización señala las denuncias vecinales por las intensas podas realizadas en calles como Afán de Ribera, en el Cerro del Águila, y Fray Isidoro de Sevilla, así como la aparición de nuevos alcorques sellados con cemento en barrios como Bellavista.

Para Ecologistas en Acción, estas actuaciones deben revisarse a la luz de las necesidades de conservación del arbolado y de adaptación climática de la ciudad. Los árboles adultos y de gran porte proporcionan una sombra difícil de sustituir a corto plazo, por lo que su protección debe constituir una prioridad frente a intervenciones que reduzcan innecesariamente la masa arbórea.

Renaturalizar Sevilla más allá de plantar árboles

La organización ecologista insiste en que mejorar la habitabilidad de Sevilla exige una renaturalización integral, que vaya más allá de aumentar el número de árboles plantados.

«En esta actividad reivindicamos más arbolado, pero sabemos que para mejorar la habitabilidad de nuestros municipios hay que hacer mucho más. Es necesario renaturalizar las ciudades, aumentar la presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, y permitir que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural», señala Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla.

La organización advierte de que el pavimento, el uso sistemático de desbrozadoras y las motosierras, junto con las podas severas e inoportunas, constituyen obstáculos para avanzar hacia ciudades más verdes y resilientes. Por ello, reclama una planificación que priorice la conservación de los ejemplares existentes, la reducción de superficies innecesariamente impermeabilizadas y el fomento de la biodiversidad.

Frente al aumento de las olas de calor, las DANAs, los incendios forestales y otros fenómenos extremos asociados a la crisis climática, proteger e incrementar el arbolado urbano es una de las medidas más eficaces y socialmente beneficiosas para avanzar hacia una Sevilla más saludable.

Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla trasladará al Ayuntamiento los resultados del Ecomapa y reclamará planes de plantación, reposición del arbolado perdido, recuperación de alcorques vacíos y una gestión del patrimonio verde basada en criterios científicos y de adaptación al cambio climático.

La organización considera imprescindible un compromiso claro de todas las administraciones públicas para proteger la naturaleza que permanece en las ciudades y garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de espacios urbanos saludables, habitables y resilientes.

Tras la movilización en la calle, llega el trabajo en los despachos.

Documentación adjunta:

Miles de personas se dan cita en Sevilla para frenar los vertidos mineros al Guadalquivir y exigir la paralización de los proyectos de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces

  • Una gran movilización social e institucional exige a la Junta de Andalucía la revocación inmediata de las autorizaciones de vertido tóxico en el estuario del río
  • Las entidades alertan del riesgo de convertir el Guadalquivir en una «cloaca de residuos mineros» mediante el vertido de más de 115.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados
  • Estos vertidos amenazan zonas protegidas de alto valor ecológico como Doñana y la Red Natura 2000, y también amenazan la salud pública por sus afecciones a la pesca, la agricultura y al agua que bebemos de los acuíferos

Miles de personas se han dado cita hoy en Sevilla para protestar contra los vertidos mineros al río Guadalquivir. La marcha ha recorrido las calles de la capital andaluza desde la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía hasta las Setas de la Encarnación.

La manifestación ha sido convocada y apoyada por una amplia y diversa coalición de colectivos sociales, ecologistas, agrarios, de pescadores, de consumidores y de defensa de la salud pública, que, junto a Ayuntamientos de la desembocadura y el estuario del Guadalquivir, forman un total de 70 organizaciones que se han unido bajo un mismo clamor social e institucional para exigir la paralización inmediata de las autorizaciones y concesiones a las explotaciones de Minera Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena, Guillena y Salteras).

El proyecto de reapertura del recinto minero de Aznalcóllar contempla la construcción de una tubería de 30 kilómetros para conducir hasta el estuario del Guadalquivir —frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla—un vertido tóxico de más de 85.500 millones de litros de agua contaminada a lo largo de 18 años. Cifra que equivale al consumo total de agua de la ciudad de Sevilla durante todo un año. A esta amenaza se suma el proyecto minero subterráneo de Cobre Las Cruces que prevé verter en La Algaba otros 32.000 millones de litros de agua contaminada, durante 14 años. La suma de ambos vertidos superaría los 115.000 millones de litros de vertidos de aguas industriales con contenido en metales pesados de alta toxicidad, tales como arsénico, plomo, cadmio, níquel, zinc, selenio y mercurio.  

Las organizaciones denuncian que estos vertidos afectarían directamente a los Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir (Red Natura 2000), supondría otra nueva amenaza para el Parque Nacional de Doñana y pondrían en peligro la salud pública y la supervivencia de las actividades económicas, pesqueras y agrarias que dependen del buen estado del estuario del Guadalquivir.

Por otro lado, las entidades alertan sobre el impacto ecotóxico en el rio Guadalquivir  y los riesgos sanitarios ya constatados debido a los vertidos de Cobre Las Cruces durante los años que ha estado en funcionamiento. Investigaciones realizadas por las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada demuestran que ya existe bioacumulación de metales pesados en la flora, moluscos, bivalvos y especies de peces de consumo tradicional como los albures. Este impacto amenaza directamente la seguridad alimentaria y la continuidad económica de actividades sostenibles como la pesca y la agricultura, en la desembocadura y en el Bajo Guadalquivir.

Tras la finalización de la marcha, los colectivos convocantes han leído un manifiesto conjunto en el que exigen a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las medidas urgentes:

  • Paralización cautelar y moratoria de los vertidos. Suspensión inmediata de las autorizaciones de vertido y de las prospecciones mineras relativas a los proyectos de Los Frailes y Cobre Las Cruces, atendiendo al principio de precaución y a la legislación ambiental europea.
  • Creación de una Comisión Científica Independiente. Constitución de un órgano evaluador y de seguimiento técnico integrado por investigadores independientes que examine los impactos reales sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.

Las organizaciones han advertido que continuarán las movilizaciones y la vía jurídica ante los Tribunales y las instituciones europeas para evitar que el Guadalquivir se convierta en una cloaca minera.

Las organizaciones convocantes a la manifestación han sido: Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y de Chipiona, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), FACUA Andalucía, Marea Blanca Andalucía, así como los Ayuntamientos de las localidades de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Lebrija, Marismillas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, y Coria del Río.

[Listado entidades]

Bicifestación: Ni un Carril Bici Menos. Día Urbano de la Bicicleta

Ante las reiteradas actuaciones del Ayuntamiento en perjuicio de las infraestructuras ciclistas, y la falta de una apuesta clara por la movilidad ciclista, varios colectivos vamos a convocar una BICIFESTACIÓN para el domingo 8 de noviembre de 2026 (más adelante informaremos de la hora y el recorrido).

Nuestro conteo del uso de las vías ciclistas en años impares detectó en 2025 un descenso del uso de la bicicleta en torno al 15%, algo inadmisible en una ciudad en la que mueren al año más de 600 personas debido a patologías relacionadas con la contaminación atmosférica (fuente Instituto de Salud Global de Barcelona).

La protesta va dirigida al Ayuntamiento por su comportamiento habitual, con acciones e inacciones (DEJADEZ) contra las infraestructuras y la movilidad ciclista, y contra una movilidad limpia que mejore la salud y esperanza de vida de los sevillanos. En concreto:

  • Pérdida de carriles bici sin más o con pérdida de calidad de los mismos:
    • Constitución (anunciado).
    • Luis de Morales (se transformó en itinerario compartido).
  • Cierre de carriles bici durante obras de diverso tipo, sin señalizar ni establecer alternativas, incumpliendo la propia normativa del Ayuntamiento:
    • Doctor Fedriani.
    • Poeta Fernando de los Ríos.
    • Victoria Kent.
    • Puente de San Telmo.
    • Francisco de Ariño.
    • Gran Plaza.
    • Ciudad Jardín.
    • Carretera de Carmona (ya abierto parcialmente, compartido con peatones y de ancho inferior).
    • José Laguillo (ya abierto).
    • Avenida de El Greco (ya abierto).
    • UPO (ya abierto).
    • Bajo Carlos III (ya abierto).
    • Futura obra del metro de la Ronda: nos hemos quejado y se niega a tratar el tema.
  • Falta protección, protección insuficiente o inadecuada, o falta la reposición de la misma, entre los carriles a nivel de calzada y los carriles de circulación. Hemos enviado una propuesta de separadores que no han tenido en cuenta.
  • Falta de reposición de infraestructuras asociadas al carril bici:
    • Espejo de Avenida La Barzola con Avenida Ronda de Pío XII.
  • Total desatención a peticiones de resaltado de los itinerarios compartidos: hemos propuesto para disminuir la inseguridad de peatones y ciclistas, que, como complemento o sutitución de las tachuelas, se distingan con un pavimento con una textura y un tono de color ligeramente diferente, como se hace en Berlín:
    • Constitución.
    • San Fernando.
  • Retirada o disminución de aparcamientos para bicicleta:
    • Plaza Nueva.
    • José Laguillo
  • Retirada o cierre de varias estaciones de Sevici:
    • Plaza Nueva.
    • 232 Avenida Alcalde Luis Uruñuela
    • 221 Avenida Alcalde Luis Uruñuela
    • 234 Calle Médicos Sin Frontera
    • 223 Calle Gema
    • 016 Manuel Villalobos
    • Etc.
  • Falta de permeabilidad del centro a la circulación de la bicicleta, incumpliendo el PGOU.
  • Falta de vigilancia del uso de carriles bici por parte de vehículos no autorizados y/o velocidades peligrosas, especialmente VMP de gran potencia.
  • Ausencia de proyectos de ampliación o mejora de la red de carriles bici. Los proyectos que se han ejecutado o se están ejecutando provienen de la legislatura anterior, siendo necesaria la ampliación de la red en algunos puntos y la mejora de la misma en general para dar cabida a VMPs en carriles que están diseñados para la circulación de bicicletas.
  • Por el contrario, varias actuaciones incluso han disminuido el ancho del carril bici existente:
    • José Laguillo.
    • Carretera Carmona.
    • Etc.
  • Total desinterés en un sistema de bicicleta pública metropolitana, el cual podría disminuir el número de coches que cada día entran a Sevilla desde los municipios cercanos.
  • Falta de adecuación de la Ordenanza de Circulación a las modificaciones del Reglamento General de Circulación, pese a que han tenido varios meses para iniciar el proceso (desde junio hasta octubre).

La convocatoria parte de «A Contramano», «Ciclotrabajadores de San Pablo», «Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla», «Sevilla Roller Party» y «sevillasemueve», aunque esperamos que se unan otros colectivos.

El Gobierno convoca elecciones el 29 N tras el fracaso de los decretos de Vivienda en el Congreso

EL GOBIERNO CONVOCA ELECCIONES EL 29N TRAS EL FRACASO DE LOS DECRETOS DE VIVIENDA EN EL CONGRESO

  • NI SIQUIERA LAS MIGAJAS: Ecologistas en Acción denuncia que el congreso vuelve a dar la espalda al derecho de la vivienda.
  • LA ACAMPADA EN LAS SETAS cumple una semana y resiste para empujar a una huelga general.

La organización ecologista reclama que la vivienda sea una prioridad en las próximas elecciones generales y advierte de que Sevilla se encuentra inmersa en un proceso de turistificación y expulsión de población de sus barrios.

Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla muestra su profunda preocupación ante el rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos-ley de vivienda, que quedaron derogados el pasado 2 de octubre. La organización considera que las medidas eran tardías, parciales e insuficientes, pero denuncia que ni siquiera estas medidas mínimas hayan encontrado una mayoría parlamentaria capaz de respaldarlas.

El primer decreto, rechazado por PP, Vox, Junts y UPN, incorporaba medidas como la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, prórrogas de contratos, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y limitaciones a determinadas operaciones especulativas. El segundo, rechazado además con los votos en contra de PNV y Coalición Canaria, planteaba mecanismos para reforzar la continuidad de los contratos de alquiler y compensaciones en determinados supuestos de no renovación.

Para Ecologistas en Acción Sevilla, “estos decretos eran apenas migajas frente a la dimensión de la emergencia habitacional, pero una mayoría parlamentaria ha decidido que incluso esas migajas eran demasiado”.

La organización considera especialmente grave que el debate político continúe planteándose fundamentalmente en términos de aumentar la oferta de vivienda, sin abordar con suficiente profundidad quién está comprando las viviendas, para qué se utilizan, quién puede acceder a ellas y qué consecuencias tiene la transformación de la vivienda en un activo financiero y turístico.

SEVILLA: UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS DIFÍCIL PARA QUIENES LA HABITAN


Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla considera que la situación adquiere una dimensión especialmente preocupante en una ciudad como Sevilla, donde la presión turística y la proliferación de viviendas destinadas a usos turísticos y temporales se suma al incremento de los precios de la vivienda y a la pérdida progresiva de población residente en zonas tensionadas.

El propio análisis estatal de Ecologistas en Acción sobre 23 ciudades españolas constató una relación entre la concentración de viviendas de uso turístico, el encarecimiento del alquiler y la expulsión de población residente de los barrios más turistificados. El informe señala que el cambio de uso de viviendas residenciales hacia usos turísticos reduce la oferta disponible para quienes necesitan una vivienda habitual.

En Sevilla, esta problemática resulta especialmente visible en determinadas zonas del centro histórico. Un análisis publicado recientemente sitúa en el 18,6 % del parque local de vivienda en alquiler la proporción correspondiente a pisos turísticos, mientras que en algunas áreas del Casco Antiguo la presión de los alojamientos turísticos y temporales alcanza niveles todavía mayores.

“No estamos hablando solamente del precio de un alquiler. Estamos hablando del modelo de ciudad que queremos. Una ciudad en la que cada vez resulta más difícil vivir, donde los barrios se convierten en productos turísticos y donde las personas residentes son sustituidas progresivamente por una población flotante no puede considerarse una ciudad sostenible”, señala Sara Acuña.

La organización recuerda que la turistificación no afecta únicamente a quienes buscan una vivienda, sino también a la convivencia, al comercio de proximidad, a la identidad de los barrios, al consumo de recursos y a la movilidad urbana.

NO SE PUEDE RESPONDER A LA CRISIS DE VIVIENDA CON MÁS CONSUMO DE SUELO

Ecologistas en Acción Ciuda de Sevilla rechaza que la única respuesta institucional a la crisis habitacional sea construir más viviendas sobre nuevos suelos.

“No se trata simplemente de construir más. Se trata de garantizar que las viviendas que ya existen cumplan una función residencial y social y que la nueva vivienda que se construya sea realmente asequible y permanezca como vivienda protegida durante décadas”, señala la organización.

La organización considera imprescindible actuar sobre el parque residencial existente, movilizar viviendas vacías, ampliar de manera sustancial el parque público de alquiler, garantizar alquileres asequibles y limitar los procesos de sustitución de vivienda residencial por alojamientos turísticos o usos especulativos.

En este sentido, Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla considera positivo que las administraciones impulsen vivienda pública, pero advierte de que los proyectos aislados no pueden ocultar la dimensión estructural del problema.

Recientemente se ha iniciado en Sevilla Este un proyecto de 691 viviendas protegidas en alquiler y 152 alojamientos temporales, una actuación que demuestra que es posible incrementar el parque asequible, pero que debe formar parte de una estrategia mucho más amplia de vivienda pública y no constituir una excepción dentro de un mercado mayoritariamente sometido a la lógica especulativa.

ELECCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE: LA VIVIENDA DEBE SER UNA LÍNEA ROJA

El rechazo parlamentario de los decretos de vivienda ha desembocado además en la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada este 5 de octubre.

Para Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla, este nuevo escenario político no puede convertir la vivienda en otro elemento de confrontación partidista.

“La vivienda no puede ser una promesa electoral más. Tiene que convertirse en un compromiso concreto, evaluable y vinculante. Las próximas elecciones deben servir para que las distintas candidaturas expliquen claramente qué van a hacer para que la vivienda vuelva a ser un derecho y deje de ser un negocio especulativo”, reclama la organización.

Ecologistas en Acción Sevilla exige que el debate electoral incorpore, entre otras cuestiones:

  • Un incremento sustancial y permanente del parque público de vivienda en alquiler, con especial atención a las personas y familias con menores ingresos.
  • La regulación efectiva de los alquileres temporales y por habitaciones para evitar que se utilicen como vía para eludir las obligaciones de los contratos de vivienda habitual.
  • Una regulación mucho más estricta de las viviendas de uso turístico en las zonas sometidas a mayor presión turística.
  • La recuperación para uso residencial de viviendas destinadas a usos turísticos cuando exista una situación de emergencia habitacional.
  • Medidas contra la especulación inmobiliaria y la adquisición masiva de viviendas por grandes operadores y fondos de inversión.
  • La movilización de viviendas vacías y edificios infrautilizados, antes de continuar ocupando nuevos terrenos.
  • La protección de los barrios frente a procesos de turistificación y gentrificación que expulsen a la población residente.
  • La ampliación y conservación permanente del parque de vivienda protegida, evitando que vuelva al mercado libre.
  • Una planificación urbana que vincule vivienda, transporte público, empleo, servicios, zonas verdes y cuidados, evitando que la población con menos recursos sea expulsada hacia zonas cada vez más alejadas.
  • La prohibición de las empresas de desokupación que recurren a la intimidación y la coacción, y el fin de la externalización de los desalojos a grupos privados que actúan como brazo ejecutor de los intereses del negocio inmobiliario. 

“UNA CIUDAD QUE EXPULSA A SU VECINDARIO NO ES SOSTENIBLE”

Ecologistas en Acción recuerda que la vivienda es también una cuestión ecosocial.

Una ciudad que expulsa a su población hacia municipios cada vez más alejados obliga a realizar desplazamientos más largos, incrementa la dependencia del vehículo privado, aumenta las emisiones y dificulta el acceso cotidiano a los servicios públicos, al trabajo, a los centros educativos y a las redes de cuidados.

Por ello, la organización rechaza una visión de la sostenibilidad reducida exclusivamente a cuestiones ambientales mientras se ignora la dimensión social de la ciudad.

“No puede existir una ciudad sostenible si la vida de quienes la habitan es insostenible. Una Sevilla convertida en destino turístico, escaparate inmobiliario y espacio de inversión mientras sus vecinos y vecinas no pueden pagar un alquiler no es la ciudad que necesitamos”, señala Sara Acuña.

La organización expresa asimismo su apoyo a las movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda y rechaza cualquier intento de criminalizar o deslegitimar la protesta social que reclama el cumplimiento efectivo de un derecho reconocido constitucionalmente.

LA VIVIENDA ES PARA VIVIR, NO PARA ESPECULAR

Ecologistas en Acción considera que el rechazo de los decretos de vivienda debe servir para evidenciar que las soluciones de mínimos ya no son suficientes.

“Si unas medidas que apenas abordaban una pequeña parte de la emergencia habitacional ya resultan inaceptables para una mayoría parlamentaria, ha llegado el momento de exigir mucho más. La ciudadanía necesita vivienda pública, alquileres asequibles y barrios donde se pueda seguir viviendo. No necesita que se siga alimentando la burbuja inmobiliaria”, señala la organización.

En este contexto, Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla se suma a la acampada por la vivienda instalada en Las Setas de Sevilla, que cumple ya una semana y que se ha convertido en un espacio de movilización y organización ciudadana en defensa del derecho a una vivienda digna.

Más de un centenar de tiendas de campaña ocupan la Plaza de la Encarnación, en un espacio que ya cuenta con más de 160 tiendas organizadas y una estructura de funcionamiento basada en la solidaridad, los cuidados y la participación colectiva, con comisiones de limpieza, almacén, cocina, seguridad y comunicación, entre otras.

La acampada desarrolla además actividades formativas y culturales y celebra cada tarde, a las 20:00 horas, una asamblea abierta a toda la ciudadanía, convirtiendo Las Setas en un espacio de debate, organización y reivindicación del derecho a la vivienda.

Para Sara Acuña, portavoz ecologista, “la desobediencia civil es la única vía que nos han dejado para forzar cambios estructurales indispensables en materia de vivienda.

Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla acampa en Las Setas para empujar a la convocatoria de una Huelga General”.

La organización considera que la movilización social es imprescindible ante la incapacidad de las instituciones para garantizar de forma efectiva el derecho constitucional a una vivienda digna.

“Ante el abuso y la indefensión, la sociedad civil se organiza, dispuesta a todo por sus derechos. Sin bromas, la plaza ruge”, concluye Sara Acuña.

Ecologistas en Acción Sevilla reitera así su apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y reclama que las administraciones dejen de considerar la vivienda fundamentalmente como un activo económico y adopten medidas que garanticen que las casas sean para vivir y los barrios para quienes los habitan.

«La vivienda es para vivir.
Los barrios son para vivir.
La ciudad es de quienes la habitan.
No para especular.»

Premios SpongeBooster 2026 y visitas Parque Santa Brígida y Lagunas del «El Sapo»

El próximo 2 y 3 de octubre tendremos las Jornadas por los premios SpongeBooster 2026 en Camas y las visitas de campo al Parque de Santa Brígida-Atalata y Lagunas de «El Sapo».

– Viernes, 2 de octubre. 12 h. Salón de Plenos. Ayuntamiento de Camas.

– Sábado, 3 de octubre. Visitas de campo.

10 h. Laderas  de la Atalaya. Parque de Santa Brígida.

18 h. Lagunas de El Sapo. Sevilla Este.

Os podéis inscribir en este formulario: [pulsar]

Organiza: ACE, EcoMetróPolis Sevilla, SAVE! Anillo Verde del Este, Colinas de Camas y Ayuntamiento de Camas.

Rueda de prensa I Manifestación para frenar los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir

Manifestación el sábado 17 de octubre en Sevilla, para frenar los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir

  • Convocan Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, los Ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Lebrija, Marismillas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, FACUA Andalucía, COAG y Marea Blanca Andalucía.
  • Llaman a la ciudadanía para que se sumen a la manifestación, en defensa del río Guadalquivir, por el futuro de la pesca y la agricultura en el estuario y por la defensa de la salud alimentaria.
  • Recientes estudios científicos alertan de niveles de metales tóxicos de «récord mundial» en peces del estuario del Guadalquivir junto al punto de vertido de la mina de Las Cruces, comprometiendo gravemente la salud alimentaria.

Las entidades convocantes animan a toda la ciudadanía andaluza, colectivos sociales, sindicales, agrarios y pesqueros, y de defensa de la salud pública, a salir a la calle de forma masiva el próximo sábado 17 de octubre en Sevilla en defensa del río Guadalquivir. Bajo el lema «NO A LOS VERTIDOS MINEROS«, la manifestación partirá a las 12:00 horas desde la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo, y después de caminar junto al Guadalquivir llegará hasta las Setas de la Encarnación.

Remarcan la urgencia de una respuesta masiva y unánime de la sociedad civil para defender el río frente a la contaminación de los vertidos mineros, del proyecto de reapertura de la empresa Minera Los Frailes de Aznalcóllar, con punto de vertido frente al estadio de la Cartuja de Sevilla, y del proyecto de reapertura de la mina de Cobre Las Cruces de Gerena, que pretende seguir vertiendo en La Algaba.

Ambos proyectos de reapertura ya están autorizados por la Junta de Andalucía pero no están todavía funcionando.

Las convocantes invitan a que todas las organizaciones que quieran se sumen a esta convocatoria. De la salud y buen estado del Guadalquivir depende el Parque de Doñana y miles de empleos existentes, derivados de actividades económicas como la agricultura, y especialmente el cultivo de arroz, la pesca artesanal y el marisqueo, y el turismo gastronómico sostenible. Es por ello, que es necesario que exista una contestación fuerte frente a la amenaza inminente de convertir el Estuario del Guadalquivir en una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero, que pondrá en peligro la supervivencia de todas esas actividades y pondrá en riesgo la salud de toda la ciudadanía por contaminación de la cadena alimentaria.

El río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes. La Junta de Andalucía ha autorizado un vertido de aguas contaminadas con metales pesados de unos 130.000 millones de litros directamente en el Estuario del Guadalquivir. Estos vertidos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir que están en Red Natura 2000 y sobre el Parque Nacional de Doñana. Por otro lado, esos vertidos tendrían graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria, puesto que afectaría tanto a los agricultores del bajo Guadalquivir como a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, cuya actividad depende del buen estado de conservación de la desembocadura del río Guadalquivir, así como las actividades de ocio gastronómico que dependen a su vez de la calidad de esos productos.

Obviamente, la seguridad alimentaria del consumo de esos productos agrícolas, de pesca y de mariscos, se verá comprometida con el incremento de la presencia de metales pesados que aportarán los vertidos mineros contaminantes.

Las organizaciones recuerdan además que el río Guadalquivir ya presenta signos de contaminación por metales pesados debido a la actividad que ha tenido la mina de Cobre las Cruces desde 2009. Esta contaminación ha quedado constatada por numerosas investigaciones realizadas por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y recientemente refutada por un informe que revela que los albures capturados en la zona interior del estuario del Guadalquivir, cerca del vertido de Cobre Las Cruces, presentan concentraciones de cobre y manganeso sin precedentes a nivel global, jamás registradas antes en ningún pez del mundo. Además, las muestras analizadas superan en un 100 % los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano e identifican niveles de arsénico y cadmio superiores a los registrados tras la catástrofe del vertido de Aznalcóllar en 1998, lo que supone un riesgo ecotóxico y sanitario alarmante que las administraciones no pueden seguir ignorando.

Ante esta situación de emergencia las entidades convocantes exigen la paralización inmediata y cautelar de todas las autorizaciones relativas a los proyectos de vertido al Estuario del Guadalquivir, así como una moratoria ante los nuevos permisos mineros que afecten a la cuenca.

Por otro lado, exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes mediante una tubería de 30 kilómetros hacia el Guadalquivir.

Asimismo, reclaman la aplicación estricta del principio de precaución y la creación urgente de una comisión de científicos e investigadores independientes que evalúe los impactos acumulativos sobre la salud pública, la biodiversidad y los sectores productivos locales, garantizando que el futuro de Andalucía no sea sacrificado en beneficio del interés privado de multinacionales mineras.

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN
FECHA: Sábado, 17 de octubre de 2026
HORA: 12:00 horas (mediodía)

[Cartel de la manifestación]

RECORRIDO: Salida desde el Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía) hasta las Setas de la Encarnación (Sevilla).

CONVOCAN: Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, los Ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Lebrija, Marismillas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, FACUA Andalucía, COAG y Marea Blanca Andalucía.

MOTIVO: Denunciar la amenaza de los vertidos mineros al río Guadalquivir y exigir la paralización inmediata de las autorizaciones.

II Jornadas contra la violencia urbanística

Nos vemos este sábado 26 para organizarnos contra las violencias urbanísticas
Especulación, pelotazos, gentrificación, árboles que desaparecen, plazas sin una sombra, vivienda imposible… Cada barrio lo sufre a su manera, pero el problema es el mismo.

Llevamos tiempo denunciándolo. Ahora toca pasar a la acción. ¡Te esperamos!

✍️ Inscríbete aquí

– Lugar: Club Cultural Ferroviario. Calle Pueblo Saharaui, 4  (Santa Justa) Sevilla.

Y al terminar nos vamos juntas y juntos a la velá de Retiro Obrero 🎉

Organiza: Peña Cultural Mi Barrio. Colaboran Ecometrópolis Sevilla y Sevilla para Vivir.

¡Pásalo! 🙌

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