Autor: ecologista

La plataforma SAVE! denuncia que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental «mutilado» que oculta su impacto real

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Agua, Urbanismo, Vegetación Urbana
  • El promotor ha ignorado la Ley de Aguas que les obliga a realizar un estudio de inundabilidad por la afección al Dominio Público Hidráulico y la exigencia legal del Servicio de Gestión del Medio Natural.

  • El inventario no recoge de forma rigurosa, mediante un estudio científico, un año completo de muestreo y se limita exclusivamente a la primavera, invisibilizando el impacto sobre aves amenazadas, mamíferos e invertebrados durante el resto del año, especialmente en la época de lluvias que sirve a la reproducción de muchas especies.

  • Advierten que la Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) incurre en un vicio de nulidad al saltarse los criterios vinculantes de la Delegación Territorial y la Ley de Aguas.

La plataforma SAVE!, integrada por colectivos ambientales, asociaciones vecinales y entidades estatales de conservación, como Iberozoa, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha denunciado públicamente el «grave fraude científico y legal» sobre el que se asienta el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) para el nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla Este que acaba de considerar favorablemente la primera fase de “Santa Bárbara”. Según los portavoces de la Plataforma, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por el promotor del proyecto de urbanización, ha ignorado de forma deliberada los requerimientos técnicos oficiales, al obviar la presencia de los arroyos que alimentan las lagunas de El Sapo y las inunda anualmente, sirviendo a la reproducción de especies amenazadas y protegidas. Con el respaldo de universidades, publicaciones de sociedades científicas nacionales, como la Asociación Española de Herpetología, y recientes estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han presentado alegaciones al mismo firmadas por las organizaciones. Critican que el proyecto de urbanización adolece de serias carencias que dificultan su objetivo principal: evaluar el impacto ambiental que la urbanización producirá en las viviendas y las zonas verdes limítrofes.

El Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía impuso de forma clara y explícita al estudio de impacto ambiental la obligación de aportar un nuevo estudio que abarcase un diámetro mínimo de 2 kilómetros —conectando la zona desde Sevilla Este hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano— así como ampliar el alcance temporal del mismo. Asimismo, exigió que un equipo con solvencia científica-técnica analizara detalladamente los objetivos de conservación (fauna y flora amenazada) a lo largo de un ciclo anual completo (12 meses) como mínimo.

Sin embargo, el promotor ha presentado un documento basado únicamente en muestreos realizados durante la primavera, una maniobra que los colectivos califican de «sesgo intolerable» para camuflar el verdadero valor ecológico de los terrenos. Limitando el trabajo de campo a una sola estación de muestreo excluyen del estudio de impacto, por ejemplo, la presencia de Marsilea strigosa, una especie considerada prioritaria de zonas húmedas temporales y que los propios técnicos de medio ambiente registraron el presente año en las lagunas de El Sapo.

Una resolución que desprotege al vecindario y la salud ambiental

La ley es muy clara respecto a la necesidad de presentar un Estudio de Inundabilidad, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando se edifica sobre cauces fluviales. Al construir sobre zonas inundables y cauces fluviales se impermeabiliza el terreno y se impide al agua laminarse, con el consiguiente riesgo de avenida para las viviendas y calles cercanas. Subir las cotas del terreno no es suficiente frente a las inundaciones que se vienen produciendo los últimos años y que el otoño pasado dejaron imágenes como las que acompañan a esta noticia. EMASESA aún no cuenta con un proyecto que evite las inundaciones recurrentes en los barrios del Distrito este de Sevilla, a pesar de haber construido un gran colector hasta el encauzamiento del arroyo Ranillas.

Según SAVE! los promotores, ignorando deliberadamente la presencia de los arroyos que nutren las lagunas del este de Sevilla, están incumpliendo de forma clara los preceptos legales y el objetivo de evaluación del impacto ambiental del proyecto de urbanización que afecta a la zona de servidumbre, al dominio público hidráulico y a la vegetación del margen del arroyo, que alberga especies de plantas amenazadas y protegidas a nivel andaluz y estatal.

La urbanización contempla dos viarios, el trazado de uno de ellos cercena completamente el parque urbano de Torreblanca y, el otro, planea una rotonda de acceso justo sobre la laguna más rica para la biodiversidad, donde se reproducen anualmente se reproducen anfibios protegidos y crustáceos acuáticos, como el Triops baeticus, una endemismo andaluz y uno de los seres más antiguos del planeta. Según los investigadores, las medidas compensatorias que apunta el proyecto son del todo insuficientes y se limitan a replantar árboles pero de nada servirán si se planifican movimientos de tierras que acabarán con las comunidades presentes en el terreno.

Los resultados de las investigaciones de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otras entidades que contribuyen de forma importante a decisiones de este tipo, apuntan a la falta de evaluación ambiental y a la pérdida de servicios ecosistémicos de los que disfruta la ciudadanía, como la regulación climática o los servicios culturales. Desde SAVE! defienden la importancia de que el Anillo Verde y Azul de Sevilla incluya espacios como las lagunas de El Sapo, humedales que, gracias a su alta productividad, secuestran carbono atmosférico como auténticos bosques urbanos, regulan la temperatura y eliminan el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas, recargando de forma natural el acuífero sobre el que se asientan.

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental, al cometer un sesgo estacional, oculta impactos críticos que la legislación europea blinda de forma estricta:

  • Aves migratorias: Se invisibiliza el uso de estos llanos periurbanos como zonas de alimentación y refugio invernal para rapaces y aves migratorias que bajan del norte de Europa.

  • Mamíferos en peligro: Se ignora por completo dónde hibernan o se aparean las poblaciones de quirópteros (especies estrictamente protegidas) al no haber estudiado su comportamiento en otoño e invierno.

  • Efecto barrera: No se evalúa cómo el asfalto fragmenta la conectividad de la fauna con el Anillo Verde Metropolitano durante su época de dispersión tras el verano.

Consecuencias legales: Riesgo de nulidad

Los portavoces de la denuncia recuerdan que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga un carácter vinculante a las exigencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Siete entidades exigen a la Delegación Territorial que paralice el expediente de forma inmediata, se obligue al promotor a realizar un estudio de inundabilidad, que tenga en cuenta los arroyos y lagunas temporales, y a reiniciar el ciclo de estudios biológicos para garantizar la protección real del patrimonio natural de Sevilla.

«Aprobar una autorización ambiental con un estudio mutilado que ignora los cauces fluviales, las lagunas temporales y tres de las cuatro estaciones del año, vulnera los principios comunitarios de precaución y acción preventiva. Si la administración da el visto bueno a este atropello, recurriremos a los tribunales por un vicio claro de nulidad de pleno derecho», advierten desde los colectivos firmantes.

Ecologistas en Acción desmiente la información de ABC sobre los recursos judiciales de Altadis

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Urbanismo, Vegetación Urbana

La noticia publicada el día 21 por la edición de Sevilla con titular “Los ecologistas pierden el juicio contra la reurbanización de Altadis” es falsa, inventada por el veterano periódico, que parece haber abandonado el rigor y el trabajo periodístico de calidad para convertirse en defensor de los intereses del promotor KKH y del gobierno municipal de José Luís Sanz. Ya no se trata de que el medio no contraste las noticias, no se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción para confirmar la noticia o pedir aclaraciones, sino que directamente las inventa.

En defensa de los intereses del promotor KKH y del gobierno municipal de José Luís Sanz

Ecologistas en Acción no ha perdido ningún juicio, sino que por el contrario, continua su ofensiva judicial contra la macro operación urbanística que se esta desarrollando en los terrenos de Altadis, a beneficio del promotor, y sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento del barrio de los Remedios y del resto de la ciudad.

Ecologistas en Acción ha puesto tres recursos contenciosos administrativos sobre Altadis y ha solicitado su personación en la querella interpuesta por el fiscal contra las obras que han eliminado una parte de los jardines de Manuel Ferrand.

En ninguno de ellos se ha pronunciado la justicia. Es una mentira que un “juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso que había presentado Ecologistas en Acción para solicitar la paralización de las obras del complejo Vera Sevilla” como afirma el titular. Es otra mentira que “la Justicia ha terminado por dar la razón a la promotora KKH y al gobierno de José Luis Sanz”, como también afirma la noticia. Y otra mentira cuando habla de  un  “desistimiento motivado, precisamente, por el hecho de que el tribunal en cuestión haya optado por desestimar el recurso que en su día fue interpuesto”.

Las obras que recortan el jardín Manuel Martin Ferrand, causándole importantes destrozos al parque y su arbolado,  ha sido objeto de una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, que la ha elevado a los juzgados de la capital sevillana, que han abierto un proceso para investigarlo. En este procedimiento ha solicitado su personación Ecologistas en Acción. También se solicitó el desistimiento en el contencioso administrativo interpuesto por el mismo asunto. El desistimiento no significa que el Tribunal haya desestimado el recurso, como afirma el descarado bulo, sino que es un derecho ejercido por la Asociación, precisamente por la existencia de la querella. La entidad ecologista decidió desistir de este último contencioso al entender que la vía penal, avalada por la investigación que tiene lugar en los juzgados, es la más favorable para restituir la legalidad.

Además del injustificado recorte de los jardines de Manuel Ferrand, Ecologistas en Acción impulsa un recurso contra la Licencia de Obras del aparcamiento público, porque se encuentra en una parcela privada (obligatoriamente debe ser pública), porque no han contribuido con las cesiones legales al Ayuntamiento y porque no estaba previsto en el planeamiento. También se recurre la Modificación Puntual n.º 54 del PGOU origen del desarrollo de Altadis, porque si se hubiese tenido en cuenta el aparcamiento (y otros factores) debería haberse tenido que tramitar un plan de reforma interior, un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización, con sus correspondientes trámites de información pública (así lo planteó el propio Ayuntamiento en 2015), y no mediante un simple proyecto edificatorio sujeto únicamente a la discrecionalidad del promotor KKH y el Ayuntamiento, mediante un rosario de Licencias de Obra sin ninguna clase de participación pública.

Por último, Ecologistas en Acción ha recurrido el Estudio de Ordenación de la zona norte de Altadis, por, entre otras cosas, adscribir la materialización de unos sustanciosos aprovechamientos fuera del ámbito (no puede hacerlo) y porque no era descrita y cuantificada en la Modificación Puntual N.º 54 del PGOU. Si este plan lo hubiese tenido en cuenta, se debería haber tenido que tramitar un plan de reforma interior, un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización,  con sus correspondientes trámites de información pública, como en el caso anterior.

Estas actuaciones (y otras) revelan un fraccionamiento del planeamiento, al margen y para soslayar el mismo, en favor del promotor, estando prohibida cualesquiera dispensación del cumplimiento del plan. Ecologistas en Acción va a continuar trabajando para que los tribunales restituyan la legalidad y protejan los intereses de la ciudadanía. Algo que el Ayuntamiento de la ciudad ha dejado de lado, más interesado en defender los intereses de los promotores.

Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía la operación urbanística del estadio Benito Villamarín por posibles delitos contra el patrimonio público

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Urbanismo

La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.

La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.

Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.

Dos bloques principales de irregularidades

La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.

La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.

La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.

Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.

El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación.

Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.

El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas

La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.

Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.

Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios

Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.

La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.

Denuncia la inacción del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía ante un nuevo episodio de contaminación por ozono

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Calidad del Aire

Los elevados niveles de ozono registrados en Sevilla y su área metropolitana obligan legalmente a informar a la población y activar medidas para reducir la contaminación, pero las administraciones competentes continúan sin actuar.

Ecologistas en Acción ha denunciado que Sevilla y su área metropolitana vuelven a sufrir un episodio de elevados niveles de ozono troposférico que supone un riesgo para la salud pública. La organización ecologista considera especialmente grave que, pese a haberse superado en más de la mitad de las estaciones de medición el umbral de información a la población establecido por la legislación, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía hayan activado las medidas previstas para proteger a la ciudadanía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) advierten de que la exposición al ozono troposférico aumenta la mortalidad prematura, los ingresos hospitalarios y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente durante los episodios de calor. Sus efectos son especialmente graves sobre la población infantil, las personas mayores, quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como sobre otros colectivos especialmente vulnerables. Las estimaciones para el estado español suelen situarse en el entorno de 1000-2000 muertes prematuras anuales.

Más de la mitad de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Junta de Andalucía ubicadas en Sevilla y su área metropolitana han superado el umbral de información a la población, fijado en 180 μg/m³ para el ozono troposférico.

Ante esta situación, la normativa vigente obliga a las administraciones competentes a informar de forma inmediata a la ciudadanía sobre los riesgos para la salud, declarar el nivel correspondiente del protocolo de actuación frente a episodios de contaminación, comunicar la evolución prevista y poner en marcha medidas destinadas a reducir las emisiones contaminantes, especialmente las derivadas del tráfico motorizado.

Asimismo, el artículo 28.4 del Real Decreto 102/2011, de mejora de la calidad del aire, establece la obligación de difundir esta información mediante medios de comunicación, páginas web, redes sociales, paneles informativos y cuantos canales resulten necesarios para garantizar la protección de la salud pública.

Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que ni el Ayuntamiento de Sevilla, ni los municipios del área metropolitana afectados, ni la Junta de Andalucía están aplicando las medidas previstas en la legislación, incumpliendo su deber de proteger la salud de la población frente a un episodio de contaminación que era perfectamente previsible.

La estabilidad atmosférica, las altas temperaturas y la intensa radiación solar favorecen estos días la formación de ozono troposférico a partir de los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes emitidos principalmente por el intenso tráfico motorizado. Este contaminante alcanza sus mayores concentraciones durante el verano y constituye uno de los principales problemas de calidad del aire en las áreas urbanas y metropolitanas.

Ecologistas en Acción recuerda que la contaminación atmosférica es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud. Aunque las partículas finas y el dióxido de nitrógeno son responsables del mayor número de muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire, los episodios de ozono incrementan de forma significativa los problemas de salud, agravan enfermedades respiratorias y cardiovasculares y elevan el riesgo de hospitalización y fallecimiento, especialmente durante las olas de calor.

Ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, la organización ecologista exige la activación inmediata del protocolo de episodios de contaminación, una información clara y continua a la ciudadanía sobre los riesgos existentes y la adopción urgente de medidas eficaces para reducir el tráfico motorizado, reforzar el transporte público y proteger la salud de la población.

Para Ecologistas en Acción, resulta inaceptable que las administraciones continúen normalizando estos episodios de contaminación y eludan sus obligaciones legales mientras miles de personas respiran un aire perjudicial para su salud. La organización reclama actuaciones estructurales que reduzcan de manera permanente las emisiones del tráfico y permitan garantizar el derecho de toda la ciudadanía a respirar un aire limpio.

Rechazamos la ampliación del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por su impacto urbanístico, ambiental y vecinal

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Urbanismo

La organización ecologista considera que el proyecto prioriza los intereses económicos del Sevilla FC frente al interés general, elimina una zona verde en uno de los distritos con mayor déficit de espacios libres y carece de garantías en materia de seguridad, movilidad y contaminación acústica.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Estudio de Ordenación promovido por el Sevilla Fútbol Club para la ampliación del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al considerar que la actuación supone un claro perjuicio para la ciudad y para la calidad de vida del vecindario de Nervión. Tras analizar la documentación sometida a información pública, la organización concluye que el proyecto presenta importantes deficiencias urbanísticas, ambientales y de seguridad que impiden justificar su aprobación en los términos planteados.

Entre las principales objeciones figura la pretensión de tramitar la operación como una Actuación de Mejora Urbana. Ecologistas en Acción sostiene que el expediente acredita los beneficios que obtendría el Sevilla FC, gracias al incremento del aforo y a la incorporación de nuevos usos terciarios —como establecimientos hoteleros, de hostelería y comerciales—, pero no demuestra en ningún momento qué beneficios reportaría esta operación al conjunto de la ciudadanía ni, especialmente, al vecindario del distrito de Nervión.

La organización ecologista denuncia además que la ampliación del estadio supondría la pérdida de parte de la zona verde que actualmente rodea el recinto deportivo, un espacio público que pasaría a integrarse en las instalaciones del club. Esta circunstancia resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que Nervión es el distrito con menor superficie de zonas verdes por habitante de Sevilla, con apenas 3,2 metros cuadrados por persona, muy por debajo de los 9 m² recomendados por la Organización Mundial de la Salud y de los 10 m² establecidos como referencia en la normativa urbanística andaluza.

Las alegaciones recuerdan que la legislación urbanística exige que cualquier desafectación de una zona verde vaya acompañada de una compensación equivalente en un lugar donde resulte realmente útil para atender las necesidades de la población. Sin embargo, el Sevilla FC plantea sustituir el espacio verde de Nervión por una parcela de su Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, situada en el paraje de Villanueva del Pítamo.

Para Ecologistas en Acción, esta propuesta resulta inaceptable por varios motivos. En primer lugar, porque la zona verde que desaparecería presta servicio a decenas de miles de personas residentes en un distrito con un importante déficit de espacios libres, mientras que la parcela ofrecida se encuentra alejada de cualquier núcleo residencial, sin población en un radio superior a medio kilómetro.

Además, dicha parcela está completamente rodeada por la autovía A-376 y por las propias instalaciones de la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, lo que limitaría enormemente su accesibilidad y convertiría a las personas usuarias de estas instalaciones en las principales beneficiarias del espacio. La organización considera, asimismo, que la operación facilitaría la mejora de los accesos a la Ciudad Deportiva con recursos públicos, ya que el mantenimiento de esa zona pasaría a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que el principal beneficiario seguiría siendo el club.

A ello se añade que parte de la parcela propuesta se encuentra afectada por la zona de servidumbre de la carretera A-376, circunstancia que restringiría notablemente los posibles usos públicos de ese espacio verde.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera inadmisible el intercambio de un suelo público de alta calidad situado en el centro de la ciudad por un terreno periférico, aislado y con importantes limitaciones de uso, y muestra su sorpresa por que el Ayuntamiento de Sevilla no haya advertido previamente de la inviabilidad de una propuesta de estas características.

Las alegaciones también ponen el foco en la ausencia de un análisis específico sobre las condiciones de seguridad derivadas de la ampliación del estadio. La organización considera especialmente preocupante que el proyecto concentre el acceso y salida de un aforo previsto de 55.000 personas prácticamente de forma exclusiva a través de la calle Luis Arenas Ladislao, generando una concentración masiva de público en una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, con los consiguientes riesgos para la seguridad en situaciones de emergencia o evacuación.

En materia ambiental, Ecologistas en Acción denuncia igualmente la insuficiencia del estudio acústico, al no evaluar el impacto que tendrán los nuevos usos terciarios previstos en el complejo. Del mismo modo, considera claramente insuficientes las medidas planteadas para afrontar el incremento del tráfico asociado a la ampliación, que el propio estudio cifra en, al menos, 6.500 desplazamientos adicionales, sin contabilizar los desplazamientos generados por hoteles, establecimientos de restauración y otros usos comerciales previstos.

La organización ecologista advierte de que este proyecto reproduce el mismo modelo urbanístico que ya ha denunciado en el caso de la ampliación del Estadio Benito Villamarín: operaciones que incrementan la rentabilidad económica de entidades deportivas controladas por fondos de inversión ajenos a la ciudad, mientras trasladan al vecindario los impactos derivados de una mayor presión urbanística, acústica y circulatoria.

Por este motivo, Ecologistas en Acción anuncia que continuará utilizando todas las herramientas administrativas y judiciales a su alcance para impedir actuaciones que considera contrarias al interés general, con el objetivo de defender la legalidad urbanística, proteger los espacios públicos y preservar la calidad de vida de la ciudadanía sevillana.

Sevilla necesita una revolución del transporte público para afrontar la emergencia climática y social

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Calidad del Aire, Movilidad y Transporte Sostenible

El pasado 22 de junio se reunió la Comisión de Participación Social del Consorcio del Transporte de Sevilla.

  • Ecologistas en Acción Sevilla ha reclamado al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla un cambio de rumbo en las políticas de transporte para garantizar un transporte público colectivo accesible, frecuente y asequible para toda la población.

  • La organización considera que la emergencia climática, los problemas de contaminación atmosférica y las crecientes desigualdades en el acceso al transporte hacen imprescindible acelerar la transición hacia un modelo basado en el transporte sostenible, a pie, en bicicleta y en tren, reduciendo de forma progresiva, pero decidida, la dependencia del transporte privado.

  • La entidad advierte de que seguir retrasando estas medidas supone agravar los impactos ambientales, perjudicar la salud pública y aumentar las dificultades de acceso a servicios básicos para miles de personas en Sevilla y su entorno.

La Comisión de Participación Social del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla celebró el pasado 22 de junio una reunión en la que Ecologistas en Acción trasladó la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, accesible y socialmente justo, en línea con los objetivos del Plan Social para el Clima 2027-2032, impulsado por la Unión Europea.

La organización ecologista destacó la importancia de que el Consorcio incorpore en su planificación las medidas contempladas en este instrumento europeo, especialmente ahora que el Gobierno de España ha presentado su propuesta para la aplicación del plan. Este marco estratégico apuesta por una profunda transformación del sistema multimodal de transporte, reforzando el papel del transporte público, fomentando los desplazamientos peatonales y ciclistas y prestando especial atención a las personas y territorios más vulnerables.

Ecologistas en Acción señaló que Sevilla y su entorno metropolitano necesitan incrementar de manera significativa la disponibilidad y calidad de los servicios de transporte público. A su juicio, no basta con que exista una parada o estación relativamente cercana, sino que es imprescindible garantizar frecuencias y horarios adecuados que permitan responder a las necesidades cotidianas de la población, ya sean laborales, educativas, sociales o relacionadas con los cuidados.

Uno de los aspectos más relevantes del Plan Social para el Clima es la incorporación del concepto de «pobreza de transporte», entendido como la dificultad o incapacidad de personas y hogares para asumir los costes de los desplazamientos o para acceder a servicios de transporte suficientes que les permitan acceder a los bienes, servicios y relaciones sociales, alcanzando la máxima accesibilidad con la mínima movilidad, compatible con una buena calidad de vida.

Según recordó la organización, en Sevilla, al igual que en el conjunto de Andalucía y del Estado, existe un elevado número de personas vulnerables desde el punto de vista del transporte. Entre ellas se encuentran personas con bajos ingresos, personas mayores, jóvenes, personas con diversidad funcional y mujeres, especialmente aquellas que asumen tareas de cuidados. Estos colectivos afrontan mayores dificultades para adaptarse a subidas en los precios del transporte o a la reducción de servicios.

Asimismo, Ecologistas en Acción advirtió de la existencia de territorios vulnerables en el área metropolitana, caracterizados por una oferta limitada o inexistente de transporte público. Se trata, en muchos casos, de zonas con baja densidad de población, viviendas dispersas y una fuerte dependencia del vehículo privado, circunstancias que agravan las desigualdades territoriales y sociales.

Durante la reunión, la organización también solicitó información sobre la coordinación del Consorcio con otros instrumentos de planificación estratégica. En particular, mostró interés por la relación de esta autoridad única de transporte con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, actualmente pendiente de desarrollo por parte del futuro Gobierno andaluz, así como con la revisión del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 2030-2035, cuya publicación está prevista para septiembre de 2026.

Igualmente, Ecologistas en Acción se interesó por la implantación y desarrollo del denominado «abono único» promovido por el Ministerio de Transportes, una medida que potenciará el uso del transporte público y fomentará un sistema de transporte más sostenible en el conjunto del territorio.

Ecologistas en Acción subrayó además que la mejora sustancial del transporte público colectivo resulta imprescindible para afrontar los graves problemas de calidad del aire y de cambio climático que afectan al entorno metropolitano de Sevilla.

La organización recordó las conclusiones de su reciente informe sobre calidad del aire, que señala al tráfico motorizado como una de las principales fuentes de contaminación atmosférica y de emisiones de gases de con efecto de invernadero. En este sentido, defendió que la ampliación y mejora de la oferta de transporte colectivo debe ir acompañada de medidas decididas para reducir la dependencia del automóvil, incluyendo la extensión de zonas de tráfico restringido, la pacificación del tráfico en todos los barrios, la recuperación del espacio público para peatones y ciclistas y la implantación de políticas que prioricen los modos de transporte más sostenibles.

Según la organización ecologista, la mitigación efectiva del cambio climático y la mejora de la salud pública requieren una reducción significativa de los desplazamientos en coche privado, ofreciendo al mismo tiempo alternativas de transporte accesibles, eficientes y asequibles para el conjunto de la población.

La contaminación del aire empeora en Sevilla

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Calidad del Aire

Informe estatal de calidad del aire 2025: resultados para Sevilla

La contaminación del aire empeora en Sevilla

  • El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que toda la población de Sevilla y su área metropolitana estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites legales.

  • Los peores registros de mala calidad del aire se registraron en las estaciones de Torneo, Ranilla y Santa Clara en la ciudad de Sevilla y el Aljarafe en el área metropolitana.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición de calidad del aire instaladas en todo el Estado español, entre ellas 11 situadas en la provincia de Sevilla. Entre sus principales conclusiones, destacan:

  • El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima.

  • Durante 2025, la calidad del aire en Sevilla se mantuvo estable pero no mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono.

  • El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 96 % de la población de Sevilla y su área metropolitana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.

  • Considerando la normativa actualmente vigente, las estaciones de Torneo, Santa Clara, Ranilla y Bermejales en Sevilla y en Alcalá de Guadaíra superaron los límites de partículas en suspensión PM10 y PM2,5. También las estaciones de Santa Clara y el Aljarafe referido al ozono los registros estuvieron por encima de los obsoletos límites legales actuales.

  • Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, el aire contaminado afectó a la totalidad de la población.

La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 4.000 en Andalucía. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) se podría evitar más de 600 muertes en Sevilla por la mala calidad del aire. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.

Ecologistas en Acción realizó entre 2024 y 2025 campañas de medición de NO2 en los entornos de los centros escolares de Sevilla capital y el área metropolitana concretamente en las del Aljarafe y los Alcores, con el resultado de que la población educativa está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eficiente y de fuente renovables. Además de la activación real de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), no se comprende la propuesta de modificación de la normativa, pactada entre PP y Vox, que introduce una nueva regulación sancionadora para la ZBE de la Cartuja y contradice los principios establecidos en el Real Decreto 1052/2022, que fija los requisitos mínimos para garantizar su eficacia.

Ecologistas en Acción también se congratula con el Ayuntamiento de Sevilla por el anuncio sobre la peatonalización de parte de Triana (calles Pureza, Betis, etc.) y del centro histórico, una medida que coincide con lo planteado en el antiguo “Plan Respira” y que responde a varios de los criterios necesarios para la declaración de una Zona de Bajas Emisiones. Esta actuación supone un avance en una de las reivindicaciones que la organización lleva defendiendo desde hace años. Según el alcalde parece decidido a acabar con la fama de que Sevilla sea la única capital andaluza que no restringe el tráfico en su Casco Antiguo.

Informe completo y resumen: https://www.ecologistasenaccion.org/371187

Foto Europa Press

Ecologistas en Acción recurre ante el TSJA el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín con el respaldo del movimiento vecinal

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Urbanismo

La organización ecologista presenta una demanda en la que incorpora buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas. 

Ecologistas en Acción Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, al considerar que vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.

La demanda cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según d

enuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario.

Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada.

Entre los motivos de la demanda figuran, además, diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano.

Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.

En este sentido, la organización recuerda la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar «un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía».

Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos.

La Plataforma Stop Feria de Armas alerta del avance del negocio militar en Andalucía

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Paz y solidaridad

La Plataforma Stop Feria de Armas y varios colectivos sociales denunciaron en Sevilla la expansión de la industria militar en Andalucía, unidos por el reclamo de la paz y la justicia social.

La concentración se celebró frente a la Real Fábrica de Artillería coincidiendo con un nuevo evento vinculado al sector de la defensa.

La Plataforma Stop Feria de Armas se concentró este miércoles frente a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla para denunciar la creciente militarización de Andalucía y alertar sobre la consolidación de la nuestra comunidad como uno de los principales polos de la industria armamentística del Estado español.

La movilización tuvo lugar coincidiendo con la celebración de un nuevo encuentro empresarial relacionado con el sector de la defensa y reunió a personas y colectivos preocupados por el papel cada vez más relevante que desempeña Andalucía en las estrategias de rearme impulsadas a escala estatal y europea.

Durante la concentración, se denunció que Andalucía está siendo objeto de una intensa apuesta institucional orientada a fortalecer la industria militar mediante inversiones públicas, centros tecnológicos, infraestructuras estratégicas, programas de innovación y eventos destinados a atraer nuevos negocios vinculados al sector armamentístico.

Las personas participantes señalaron la contradicción existente entre este impulso al gasto militar y las dificultades que afrontan amplios sectores de la población andaluza en ámbitos como la sanidad pública, la educación pública, el acceso a la vivienda o la atención a la dependencia.

También se reclamó una mayor transparencia sobre las relaciones entre administraciones públicas, empresas de defensa y agentes económicos implicados en la expansión de esta industria, así como un debate público sobre las implicaciones éticas derivadas de la producción de material militar destinado a cadenas internacionales de suministro.

Durante el acto se denunció igualmente la proliferación de ferias, congresos y encuentros comerciales relacionados con la industria de la guerra celebrados en Andalucía, apenas unas semanas después de la reciente Feria Internacional de Defensa y Seguridad celebrada en Sevilla.

Bajo el lema «Andalucía contra las armas: ni negocio de armas ni cultura de guerra«, la concentración concluyó con un llamamiento a fortalecer la movilización social frente a lo que la plataforma considera un proceso de militarización económica y política cada vez más visible en Andalucía.

«La paz no consiste únicamente en rechazar las guerras cuando estallan. También exige cuestionar las estructuras económicas, industriales y políticas que las alimentan. No queremos que Andalucía sea tierra para la guerra ni que su futuro dependa de la industria armamentística», señalaron desde la Plataforma Stop Feria de Armas al término de la concentración.

🚫🕊️ ANDALUCÍA CONTRA LAS ARMAS Ni negocio con armas, ni cultura de guerra.

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Paz y solidaridad

📢 Concentración contra la jornada «Andalucía, territorio de capacidades en defensa».

📅 10 de junio de 2026
🕘 10:00-14:00 horas
📍 Frente a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla
Avenida de Eduardo Dato, 58

Porque creemos que Andalucía debe apostar por la paz, la justicia social y la inversión en derechos, no por la industria armamentística.

«Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada cohete que se dispara significa un robo a quienes tienen hambre.»

✊ Súmate a esta movilización por una Andalucía comprometida con la paz.

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