El reciente proyecto de refinería polimetalúrgica (PMR) de la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC) pretende instalar y construir una nueva planta de beneficio industrial en un espacio del recinto minero. Allí se localiza la Escombrera Sur del complejo minero en este momento, en el término municipal de Salteras. Para ello se tramitó la Tercera Modificación del Plan Especial de Actuación Minera que regula el uso de esos suelos. Esa modificación fue aprobada definitivamente el 11 de julio de 2019 por la Comisión Territorial de Sevilla de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esa aprobación definitiva se hizo ignorando completamente dos hechos cruciales:
- La sentencia firme del 18 de enero de 2019 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la Segunda Modificación de ese mismo Plan Especial, por ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica.
- El derrumbe masivo del 23 de enero de 2019 de la escombrera y zona norte de la corta minera de Las Cruces.
Derrumbe del 23 de enero de 2019. En primer plano la zona donde se pretende construir la nueva planta industrial.
Ecologistas en Acción recurrió y pidió ante el TSJA la suspensión de la aprobación definitiva de la Tercera modificación del Plan Especial de Actuación Minera. Esta organización considera que esa aprobación es una burla a la anterior sentencia firme del TSJA, y además no se ha evaluado el riesgo que implica instalar una planta industrial en una zona de escombrera muy similar a la del derrumbe de enero de 2019.
El pasado 3 de noviembre la Sala del TSJA ha dictado auto estimando la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción. Esta medida consistente en la “suspensión de la aprobación definitiva del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de 11 de julio de 2019, de la 3a. Modificación del Plan Especial de la actuación minera “ Las Cruces” en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras, publicado en el BOJA de 25 de febrero de 2020”. El auto se basa fundamentalmente en la jurisprudencia existente sobre medidas cautelares cuando se vulnera el contenido de sentencias firmes. Es decir, han ignorado la sentencia del TSJA para aprobar la Tercera Modificación del Plan Especial.
La suspensión decretada por el TSJA implica la paralización de todas las obras y movimientos de tierras que se hayan podido iniciar, así como la suspensión de todas las licencias que haya podido otorgar el Ayuntamiento de Salteras para esas obras. Por eso, Ecologistas en Acción ha exigido la paralización de esas obras al Ayuntamiento de Salteras.
La nueva planta industrial del PMR todavía no ha obtenido la Autorización Ambiental Integrada (AAI). En el procedimiento de información y participación pública, Ecologistas en Acción ha puesto de manifiesto la medida cautelar adoptada por el TSJA. Esta debería implicar como mínimo el replanteamiento de su ubicación en base a los informes técnicos que se realizaron tras el derrumbe de enero de 2019. Sin embargo, la empresa CLC los ha ignorado completamente. En esos informes se detallaba la posible inestabilidad de las escombreras debido a las filtraciones de aguas de lluvia y a los desvíos de arroyos realizados dentro del complejo minero desde 2005.
La nueva planta industrial del PMR supone una importante regresión ambiental. Pretende usar el clásico sistema de flotación que incrementa notablemente las afecciones en materia de aguas. Supone un aumento brutal del consumo de aguas subterráneas para uso industrial, incumpliendo los objetivos medioambientales establecidos en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir para las masas de aguas subterráneas de Gerena y de Guillena-Cantillana. El proyecto de CLC pasa de un consumo actual (e ilegal) de 1.000.000 m³/año hasta una autorización propuesta que puede alcanzar los 3.300.000 m³/año. Todo esto sin haber realizado una Evaluación de Impacto Ambiental sobre las afecciones a las masas aguas subterráneas afectadas.
También supone un incremento brutal la contaminación que CLC pretende verter al estuario del Río Guadalquivir en La Algaba. La autorización que la empresa ha solicitado pasa de los actuales 900.000 m³/año hasta un máximo de 2.340.000 m³/año, con contenido en metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, cinc, níquel y mercurio. En este caso, tampoco se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental sobre las afecciones de ese vertido en las aguas receptoras del Guadalquivir.
