Mes: julio 2026

La plataforma SAVE! denuncia que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental «mutilado» que oculta su impacto real

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Agua, Urbanismo, Vegetación Urbana
  • El promotor ha ignorado la Ley de Aguas que les obliga a realizar un estudio de inundabilidad por la afección al Dominio Público Hidráulico y la exigencia legal del Servicio de Gestión del Medio Natural.

  • El inventario no recoge de forma rigurosa, mediante un estudio científico, un año completo de muestreo y se limita exclusivamente a la primavera, invisibilizando el impacto sobre aves amenazadas, mamíferos e invertebrados durante el resto del año, especialmente en la época de lluvias que sirve a la reproducción de muchas especies.

  • Advierten que la Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) incurre en un vicio de nulidad al saltarse los criterios vinculantes de la Delegación Territorial y la Ley de Aguas.

La plataforma SAVE!, integrada por colectivos ambientales, asociaciones vecinales y entidades estatales de conservación, como Iberozoa, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha denunciado públicamente el «grave fraude científico y legal» sobre el que se asienta el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) para el nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla Este que acaba de considerar favorablemente la primera fase de “Santa Bárbara”. Según los portavoces de la Plataforma, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por el promotor del proyecto de urbanización, ha ignorado de forma deliberada los requerimientos técnicos oficiales, al obviar la presencia de los arroyos que alimentan las lagunas de El Sapo y las inunda anualmente, sirviendo a la reproducción de especies amenazadas y protegidas. Con el respaldo de universidades, publicaciones de sociedades científicas nacionales, como la Asociación Española de Herpetología, y recientes estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han presentado alegaciones al mismo firmadas por las organizaciones. Critican que el proyecto de urbanización adolece de serias carencias que dificultan su objetivo principal: evaluar el impacto ambiental que la urbanización producirá en las viviendas y las zonas verdes limítrofes.

El Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía impuso de forma clara y explícita al estudio de impacto ambiental la obligación de aportar un nuevo estudio que abarcase un diámetro mínimo de 2 kilómetros —conectando la zona desde Sevilla Este hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano— así como ampliar el alcance temporal del mismo. Asimismo, exigió que un equipo con solvencia científica-técnica analizara detalladamente los objetivos de conservación (fauna y flora amenazada) a lo largo de un ciclo anual completo (12 meses) como mínimo.

Sin embargo, el promotor ha presentado un documento basado únicamente en muestreos realizados durante la primavera, una maniobra que los colectivos califican de «sesgo intolerable» para camuflar el verdadero valor ecológico de los terrenos. Limitando el trabajo de campo a una sola estación de muestreo excluyen del estudio de impacto, por ejemplo, la presencia de Marsilea strigosa, una especie considerada prioritaria de zonas húmedas temporales y que los propios técnicos de medio ambiente registraron el presente año en las lagunas de El Sapo.

Una resolución que desprotege al vecindario y la salud ambiental

La ley es muy clara respecto a la necesidad de presentar un Estudio de Inundabilidad, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando se edifica sobre cauces fluviales. Al construir sobre zonas inundables y cauces fluviales se impermeabiliza el terreno y se impide al agua laminarse, con el consiguiente riesgo de avenida para las viviendas y calles cercanas. Subir las cotas del terreno no es suficiente frente a las inundaciones que se vienen produciendo los últimos años y que el otoño pasado dejaron imágenes como las que acompañan a esta noticia. EMASESA aún no cuenta con un proyecto que evite las inundaciones recurrentes en los barrios del Distrito este de Sevilla, a pesar de haber construido un gran colector hasta el encauzamiento del arroyo Ranillas.

Según SAVE! los promotores, ignorando deliberadamente la presencia de los arroyos que nutren las lagunas del este de Sevilla, están incumpliendo de forma clara los preceptos legales y el objetivo de evaluación del impacto ambiental del proyecto de urbanización que afecta a la zona de servidumbre, al dominio público hidráulico y a la vegetación del margen del arroyo, que alberga especies de plantas amenazadas y protegidas a nivel andaluz y estatal.

La urbanización contempla dos viarios, el trazado de uno de ellos cercena completamente el parque urbano de Torreblanca y, el otro, planea una rotonda de acceso justo sobre la laguna más rica para la biodiversidad, donde se reproducen anualmente se reproducen anfibios protegidos y crustáceos acuáticos, como el Triops baeticus, una endemismo andaluz y uno de los seres más antiguos del planeta. Según los investigadores, las medidas compensatorias que apunta el proyecto son del todo insuficientes y se limitan a replantar árboles pero de nada servirán si se planifican movimientos de tierras que acabarán con las comunidades presentes en el terreno.

Los resultados de las investigaciones de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otras entidades que contribuyen de forma importante a decisiones de este tipo, apuntan a la falta de evaluación ambiental y a la pérdida de servicios ecosistémicos de los que disfruta la ciudadanía, como la regulación climática o los servicios culturales. Desde SAVE! defienden la importancia de que el Anillo Verde y Azul de Sevilla incluya espacios como las lagunas de El Sapo, humedales que, gracias a su alta productividad, secuestran carbono atmosférico como auténticos bosques urbanos, regulan la temperatura y eliminan el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas, recargando de forma natural el acuífero sobre el que se asientan.

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental, al cometer un sesgo estacional, oculta impactos críticos que la legislación europea blinda de forma estricta:

  • Aves migratorias: Se invisibiliza el uso de estos llanos periurbanos como zonas de alimentación y refugio invernal para rapaces y aves migratorias que bajan del norte de Europa.

  • Mamíferos en peligro: Se ignora por completo dónde hibernan o se aparean las poblaciones de quirópteros (especies estrictamente protegidas) al no haber estudiado su comportamiento en otoño e invierno.

  • Efecto barrera: No se evalúa cómo el asfalto fragmenta la conectividad de la fauna con el Anillo Verde Metropolitano durante su época de dispersión tras el verano.

Consecuencias legales: Riesgo de nulidad

Los portavoces de la denuncia recuerdan que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga un carácter vinculante a las exigencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Siete entidades exigen a la Delegación Territorial que paralice el expediente de forma inmediata, se obligue al promotor a realizar un estudio de inundabilidad, que tenga en cuenta los arroyos y lagunas temporales, y a reiniciar el ciclo de estudios biológicos para garantizar la protección real del patrimonio natural de Sevilla.

«Aprobar una autorización ambiental con un estudio mutilado que ignora los cauces fluviales, las lagunas temporales y tres de las cuatro estaciones del año, vulnera los principios comunitarios de precaución y acción preventiva. Si la administración da el visto bueno a este atropello, recurriremos a los tribunales por un vicio claro de nulidad de pleno derecho», advierten desde los colectivos firmantes.

Ecologistas en Acción desmiente la información de ABC sobre los recursos judiciales de Altadis

Publicado el | por ecologista
Urbanismo, Vegetación Urbana

La noticia publicada el día 21 por la edición de Sevilla con titular “Los ecologistas pierden el juicio contra la reurbanización de Altadis” es falsa, inventada por el veterano periódico, que parece haber abandonado el rigor y el trabajo periodístico de calidad para convertirse en defensor de los intereses del promotor KKH y del gobierno municipal de José Luís Sanz. Ya no se trata de que el medio no contraste las noticias, no se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción para confirmar la noticia o pedir aclaraciones, sino que directamente las inventa.

En defensa de los intereses del promotor KKH y del gobierno municipal de José Luís Sanz

Ecologistas en Acción no ha perdido ningún juicio, sino que por el contrario, continua su ofensiva judicial contra la macro operación urbanística que se esta desarrollando en los terrenos de Altadis, a beneficio del promotor, y sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento del barrio de los Remedios y del resto de la ciudad.

Ecologistas en Acción ha puesto tres recursos contenciosos administrativos sobre Altadis y ha solicitado su personación en la querella interpuesta por el fiscal contra las obras que han eliminado una parte de los jardines de Manuel Ferrand.

En ninguno de ellos se ha pronunciado la justicia. Es una mentira que un “juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso que había presentado Ecologistas en Acción para solicitar la paralización de las obras del complejo Vera Sevilla” como afirma el titular. Es otra mentira que “la Justicia ha terminado por dar la razón a la promotora KKH y al gobierno de José Luis Sanz”, como también afirma la noticia. Y otra mentira cuando habla de  un  “desistimiento motivado, precisamente, por el hecho de que el tribunal en cuestión haya optado por desestimar el recurso que en su día fue interpuesto”.

Las obras que recortan el jardín Manuel Martin Ferrand, causándole importantes destrozos al parque y su arbolado,  ha sido objeto de una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, que la ha elevado a los juzgados de la capital sevillana, que han abierto un proceso para investigarlo. En este procedimiento ha solicitado su personación Ecologistas en Acción. También se solicitó el desistimiento en el contencioso administrativo interpuesto por el mismo asunto. El desistimiento no significa que el Tribunal haya desestimado el recurso, como afirma el descarado bulo, sino que es un derecho ejercido por la Asociación, precisamente por la existencia de la querella. La entidad ecologista decidió desistir de este último contencioso al entender que la vía penal, avalada por la investigación que tiene lugar en los juzgados, es la más favorable para restituir la legalidad.

Además del injustificado recorte de los jardines de Manuel Ferrand, Ecologistas en Acción impulsa un recurso contra la Licencia de Obras del aparcamiento público, porque se encuentra en una parcela privada (obligatoriamente debe ser pública), porque no han contribuido con las cesiones legales al Ayuntamiento y porque no estaba previsto en el planeamiento. También se recurre la Modificación Puntual n.º 54 del PGOU origen del desarrollo de Altadis, porque si se hubiese tenido en cuenta el aparcamiento (y otros factores) debería haberse tenido que tramitar un plan de reforma interior, un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización, con sus correspondientes trámites de información pública (así lo planteó el propio Ayuntamiento en 2015), y no mediante un simple proyecto edificatorio sujeto únicamente a la discrecionalidad del promotor KKH y el Ayuntamiento, mediante un rosario de Licencias de Obra sin ninguna clase de participación pública.

Por último, Ecologistas en Acción ha recurrido el Estudio de Ordenación de la zona norte de Altadis, por, entre otras cosas, adscribir la materialización de unos sustanciosos aprovechamientos fuera del ámbito (no puede hacerlo) y porque no era descrita y cuantificada en la Modificación Puntual N.º 54 del PGOU. Si este plan lo hubiese tenido en cuenta, se debería haber tenido que tramitar un plan de reforma interior, un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización,  con sus correspondientes trámites de información pública, como en el caso anterior.

Estas actuaciones (y otras) revelan un fraccionamiento del planeamiento, al margen y para soslayar el mismo, en favor del promotor, estando prohibida cualesquiera dispensación del cumplimiento del plan. Ecologistas en Acción va a continuar trabajando para que los tribunales restituyan la legalidad y protejan los intereses de la ciudadanía. Algo que el Ayuntamiento de la ciudad ha dejado de lado, más interesado en defender los intereses de los promotores.

Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía la operación urbanística del estadio Benito Villamarín por posibles delitos contra el patrimonio público

Publicado el | por ecologista
Urbanismo

La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.

La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.

Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.

Dos bloques principales de irregularidades

La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.

La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.

La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.

Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.

El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación.

Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.

El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas

La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.

Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.

Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios

Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.

La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.

Denuncia la inacción del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía ante un nuevo episodio de contaminación por ozono

Publicado el | por ecologista
Calidad del Aire

Los elevados niveles de ozono registrados en Sevilla y su área metropolitana obligan legalmente a informar a la población y activar medidas para reducir la contaminación, pero las administraciones competentes continúan sin actuar.

Ecologistas en Acción ha denunciado que Sevilla y su área metropolitana vuelven a sufrir un episodio de elevados niveles de ozono troposférico que supone un riesgo para la salud pública. La organización ecologista considera especialmente grave que, pese a haberse superado en más de la mitad de las estaciones de medición el umbral de información a la población establecido por la legislación, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía hayan activado las medidas previstas para proteger a la ciudadanía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) advierten de que la exposición al ozono troposférico aumenta la mortalidad prematura, los ingresos hospitalarios y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente durante los episodios de calor. Sus efectos son especialmente graves sobre la población infantil, las personas mayores, quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como sobre otros colectivos especialmente vulnerables. Las estimaciones para el estado español suelen situarse en el entorno de 1000-2000 muertes prematuras anuales.

Más de la mitad de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Junta de Andalucía ubicadas en Sevilla y su área metropolitana han superado el umbral de información a la población, fijado en 180 μg/m³ para el ozono troposférico.

Ante esta situación, la normativa vigente obliga a las administraciones competentes a informar de forma inmediata a la ciudadanía sobre los riesgos para la salud, declarar el nivel correspondiente del protocolo de actuación frente a episodios de contaminación, comunicar la evolución prevista y poner en marcha medidas destinadas a reducir las emisiones contaminantes, especialmente las derivadas del tráfico motorizado.

Asimismo, el artículo 28.4 del Real Decreto 102/2011, de mejora de la calidad del aire, establece la obligación de difundir esta información mediante medios de comunicación, páginas web, redes sociales, paneles informativos y cuantos canales resulten necesarios para garantizar la protección de la salud pública.

Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que ni el Ayuntamiento de Sevilla, ni los municipios del área metropolitana afectados, ni la Junta de Andalucía están aplicando las medidas previstas en la legislación, incumpliendo su deber de proteger la salud de la población frente a un episodio de contaminación que era perfectamente previsible.

La estabilidad atmosférica, las altas temperaturas y la intensa radiación solar favorecen estos días la formación de ozono troposférico a partir de los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes emitidos principalmente por el intenso tráfico motorizado. Este contaminante alcanza sus mayores concentraciones durante el verano y constituye uno de los principales problemas de calidad del aire en las áreas urbanas y metropolitanas.

Ecologistas en Acción recuerda que la contaminación atmosférica es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud. Aunque las partículas finas y el dióxido de nitrógeno son responsables del mayor número de muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire, los episodios de ozono incrementan de forma significativa los problemas de salud, agravan enfermedades respiratorias y cardiovasculares y elevan el riesgo de hospitalización y fallecimiento, especialmente durante las olas de calor.

Ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, la organización ecologista exige la activación inmediata del protocolo de episodios de contaminación, una información clara y continua a la ciudadanía sobre los riesgos existentes y la adopción urgente de medidas eficaces para reducir el tráfico motorizado, reforzar el transporte público y proteger la salud de la población.

Para Ecologistas en Acción, resulta inaceptable que las administraciones continúen normalizando estos episodios de contaminación y eludan sus obligaciones legales mientras miles de personas respiran un aire perjudicial para su salud. La organización reclama actuaciones estructurales que reduzcan de manera permanente las emisiones del tráfico y permitan garantizar el derecho de toda la ciudadanía a respirar un aire limpio.

Rechazamos la ampliación del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por su impacto urbanístico, ambiental y vecinal

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Urbanismo

La organización ecologista considera que el proyecto prioriza los intereses económicos del Sevilla FC frente al interés general, elimina una zona verde en uno de los distritos con mayor déficit de espacios libres y carece de garantías en materia de seguridad, movilidad y contaminación acústica.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Estudio de Ordenación promovido por el Sevilla Fútbol Club para la ampliación del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al considerar que la actuación supone un claro perjuicio para la ciudad y para la calidad de vida del vecindario de Nervión. Tras analizar la documentación sometida a información pública, la organización concluye que el proyecto presenta importantes deficiencias urbanísticas, ambientales y de seguridad que impiden justificar su aprobación en los términos planteados.

Entre las principales objeciones figura la pretensión de tramitar la operación como una Actuación de Mejora Urbana. Ecologistas en Acción sostiene que el expediente acredita los beneficios que obtendría el Sevilla FC, gracias al incremento del aforo y a la incorporación de nuevos usos terciarios —como establecimientos hoteleros, de hostelería y comerciales—, pero no demuestra en ningún momento qué beneficios reportaría esta operación al conjunto de la ciudadanía ni, especialmente, al vecindario del distrito de Nervión.

La organización ecologista denuncia además que la ampliación del estadio supondría la pérdida de parte de la zona verde que actualmente rodea el recinto deportivo, un espacio público que pasaría a integrarse en las instalaciones del club. Esta circunstancia resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que Nervión es el distrito con menor superficie de zonas verdes por habitante de Sevilla, con apenas 3,2 metros cuadrados por persona, muy por debajo de los 9 m² recomendados por la Organización Mundial de la Salud y de los 10 m² establecidos como referencia en la normativa urbanística andaluza.

Las alegaciones recuerdan que la legislación urbanística exige que cualquier desafectación de una zona verde vaya acompañada de una compensación equivalente en un lugar donde resulte realmente útil para atender las necesidades de la población. Sin embargo, el Sevilla FC plantea sustituir el espacio verde de Nervión por una parcela de su Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, situada en el paraje de Villanueva del Pítamo.

Para Ecologistas en Acción, esta propuesta resulta inaceptable por varios motivos. En primer lugar, porque la zona verde que desaparecería presta servicio a decenas de miles de personas residentes en un distrito con un importante déficit de espacios libres, mientras que la parcela ofrecida se encuentra alejada de cualquier núcleo residencial, sin población en un radio superior a medio kilómetro.

Además, dicha parcela está completamente rodeada por la autovía A-376 y por las propias instalaciones de la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, lo que limitaría enormemente su accesibilidad y convertiría a las personas usuarias de estas instalaciones en las principales beneficiarias del espacio. La organización considera, asimismo, que la operación facilitaría la mejora de los accesos a la Ciudad Deportiva con recursos públicos, ya que el mantenimiento de esa zona pasaría a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que el principal beneficiario seguiría siendo el club.

A ello se añade que parte de la parcela propuesta se encuentra afectada por la zona de servidumbre de la carretera A-376, circunstancia que restringiría notablemente los posibles usos públicos de ese espacio verde.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera inadmisible el intercambio de un suelo público de alta calidad situado en el centro de la ciudad por un terreno periférico, aislado y con importantes limitaciones de uso, y muestra su sorpresa por que el Ayuntamiento de Sevilla no haya advertido previamente de la inviabilidad de una propuesta de estas características.

Las alegaciones también ponen el foco en la ausencia de un análisis específico sobre las condiciones de seguridad derivadas de la ampliación del estadio. La organización considera especialmente preocupante que el proyecto concentre el acceso y salida de un aforo previsto de 55.000 personas prácticamente de forma exclusiva a través de la calle Luis Arenas Ladislao, generando una concentración masiva de público en una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, con los consiguientes riesgos para la seguridad en situaciones de emergencia o evacuación.

En materia ambiental, Ecologistas en Acción denuncia igualmente la insuficiencia del estudio acústico, al no evaluar el impacto que tendrán los nuevos usos terciarios previstos en el complejo. Del mismo modo, considera claramente insuficientes las medidas planteadas para afrontar el incremento del tráfico asociado a la ampliación, que el propio estudio cifra en, al menos, 6.500 desplazamientos adicionales, sin contabilizar los desplazamientos generados por hoteles, establecimientos de restauración y otros usos comerciales previstos.

La organización ecologista advierte de que este proyecto reproduce el mismo modelo urbanístico que ya ha denunciado en el caso de la ampliación del Estadio Benito Villamarín: operaciones que incrementan la rentabilidad económica de entidades deportivas controladas por fondos de inversión ajenos a la ciudad, mientras trasladan al vecindario los impactos derivados de una mayor presión urbanística, acústica y circulatoria.

Por este motivo, Ecologistas en Acción anuncia que continuará utilizando todas las herramientas administrativas y judiciales a su alcance para impedir actuaciones que considera contrarias al interés general, con el objetivo de defender la legalidad urbanística, proteger los espacios públicos y preservar la calidad de vida de la ciudadanía sevillana.